La fraudulenta pirámide financiera llevada a cabo por Koriun Inversiones ha impactado en Honduras durante un momento de agotamiento institucional y crisis política. Afectando a más de 35.000 personas, mayoritariamente en áreas populares del norte del país, este escándalo no solo ha puesto en evidencia la debilidad del sistema de vigilancia financiera, sino que también ha presentado al gobierno de Xiomara Castro con uno de los retos más difíciles de su administración.
Funcionamiento no regulado y fracaso del sistema
Durante mucho tiempo, Koriun Inversiones funcionó fuera del marco legal, ofreciendo retornos mensuales del 20 % sin tener registro oficial ni ser regulada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS). A pesar de las advertencias públicas lanzadas por esta entidad en febrero de 2025, que indicaban que la empresa no tenía permiso para recibir fondos del público, la actividad prosiguió sin interrupciones por parte del gobierno hasta que la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y el Ministerio Público tomaron cartas en el asunto en abril del mismo año.
Las redadas pusieron al descubierto la dimensión del fraude: se encontraron más de 358 millones de lempiras en efectivo, además de 69 millones inmovilizados en cuentas bancarias. Las averiguaciones determinaron que no había inversiones genuinas que respaldaran los intereses ofrecidos, confirmando que era un sistema piramidal insostenible.
Reacciones sociales y desgaste político
El efecto del derrumbe ha sido significativo, abarcando tanto lo social como lo político. Mucha gente perdió sus ahorros, lo que provocó manifestaciones, bloqueos y protestas en diversas partes del país, especialmente en Choloma, donde se concentraban la mayoría de los inversionistas. La crisis ha intensificado el descontento de la ciudadanía ante la falta de acción de las autoridades locales y las lagunas en el sistema regulador.
En el ámbito político, el caso ha dañado la percepción pública del gobierno. Las críticas se han concentrado en la carencia de supervisión institucional, la tolerancia hacia las operaciones abiertas de Koriun, y la falta de medidas preventivas de las entidades competentes. Grupos empresariales y organizaciones de la sociedad civil han criticado enérgicamente la fragilidad del sistema estatal para evitar este tipo de fraudes.
La iniciativa del Ejecutivo y su polémica
Ante la presión social, el gobierno anunció la elaboración de un proyecto de ley para indemnizar a las personas afectadas, empleando recursos del Presupuesto Nacional. La iniciativa, instruida directamente por la presidenta Xiomara Castro, ha generado fuertes reacciones en el Congreso Nacional y en la opinión pública.
Sectores de oposición y grupos ciudadanos han rechazado la medida, argumentando que se estaría utilizando dinero público para asumir los costos de una estafa privada, lo cual consideran un precedente peligroso que podría estimular la impunidad y el uso político del dolor ciudadano. A pesar del anuncio oficial, el proyecto aún no ha sido discutido a fondo ni se ha definido el monto de la compensación ni su mecanismo de implementación.
La iniciativa ha incrementado las fricciones entre los grupos legislativos y ha dejado al gobierno en una situación comprometida, criticado tanto por la falta de visión como por la manera en que ha gestionado la crisis.
Desafíos institucionales y perspectivas políticas
El caso Koriun cuestiona la habilidad del gobierno de Honduras para asegurar la protección legal y salvaguardar a los ciudadanos frente a estafas económicas. La ausencia de una vigilancia adecuada, el trato permisivo que recibió la empresa y la reacción demorada por parte de las autoridades han aumentado la percepción de un fracaso institucional.
En el ámbito global, el contexto podría impactar la percepción del país como lugar fiable para capitales, mientras que en el ámbito nacional, la gestión del asunto ha alimentado una narrativa de deterioro que ya perjudica al gobierno actual en otros aspectos. En medio de más acusaciones de corrupción, el caso Koriun corre el riesgo de convertirse en otro emblema de la ausencia de claridad y supervisión gubernamental.
El gobierno de Xiomara Castro enfrenta así un dilema complejo: responder a una crisis social legítima sin poner en riesgo la credibilidad institucional ni agravar el clima de polarización. La forma en que se gestione esta situación será determinante para su estabilidad política y para el nivel de confianza que la ciudadanía mantenga en las instituciones públicas.
