La Casa Blanca se apresura contra el tiempo para rescatar su plan comercial, gravemente afectado después de la decisión del miércoles que revocó la mayoría de los aranceles impuestos por Donald Trump. El Gobierno ha señalado que, si los tribunales inferiores no detienen la implementación del fallo, solicitará este mismo viernes al Tribunal Supremo que preserve las tarifas actuales sobre las importaciones, argumentando que su eliminación causaría «daños irreparables» para la economía y la seguridad nacional.
El fallo representa el mayor revés judicial para Trump desde que inició su segundo mandato. Sus abogados ya han solicitado medidas cautelares tanto al Tribunal de Comercio Internacional como a un tribunal federal de Apelaciones en Washington. En el escrito de 124 páginas presentado este jueves, el Ejecutivo alerta de que, si se aplica la sentencia, “los acuerdos exitosos alcanzados con múltiples países podrían desmoronarse de inmediato”, pese a que en realidad Trump no ha formalizado ningún acuerdo comercial vinculante durante su presidencia.
Argumentos repetidos, pero sin respaldo nuevo
El Ejecutivo sigue utilizando las mismas razones presentadas durante el juicio: que los jueces no tienen autoridad para desafiar la decisión del presidente de aplicar leyes de emergencia para establecer tarifas, y que hay antecedentes —como el de Richard Nixon— que respaldan ese tipo de acciones. No obstante, la resolución del tribunal examina justamente ese precedente y lo emplea para cuestionar la legalidad de lo actuado por Trump.
La solicitud al Supremo subraya que, sin una suspensión inmediata, “incluso si los aranceles se confirman más adelante, el daño causado ya no podrá revertirse”. El Gobierno advierte que podría perder ingresos fiscales, ver comprometidas negociaciones internacionales y quedar expuesto a represalias comerciales.
La sentencia: un golpe a la estrategia y la legalidad de Trump
El miércoles, el Tribunal Internacional de Comercio decidió por unanimidad que los aranceles extensivos impuestos por Trump son ilegales, al determinar que el presidente se extralimitó en sus poderes constitucionales y transgredió la legislación al utilizar incorrectamente una ley de emergencia.
El fallo revoca, entre otras cosas, los aranceles del 25% que se aplicaron a Canadá y México, y del 20% a China, así como los controvertidos “aranceles recíprocos” impuestos mundialmente bajo el pretexto de luchar contra el fentanilo y regular la inmigración. Estas disposiciones, anunciadas en el denominado “Día de la Liberación”, fueron posteriormente disminuidas al 10% debido a la presión de los mercados.
Conflicto político y legal
La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha arremetido con firmeza contra el veredicto, describiéndolo como una «intervención judicial excesiva» y responsabilizando a «magistrados no designados» de interferir en las resoluciones del Ejecutivo. «Estados Unidos no puede operar si un presidente observa cómo sus acuerdos son detenidos por jueces con mentalidad activista», afirmó.
Stephen Miller, vicejefe de gabinete, fue aún más lejos: “Nos encontramos bajo una tiranía judicial”, publicó en Twitter el jueves por la noche.
Kevin Hassett, jefe del Consejo Económico Nacional, afirmó en Fox Business que está seguro de que la decisión se revertirá en la apelación. Sin embargo, la Casa Blanca reconoce que está elaborando un recurso sobre el fondo del tema que aún no ha sido presentado.
División ideológica en el Supremo
El Tribunal Supremo, en el que Trump cuenta con tres de los seis jueces que integran la mayoría conservadora, podría desempeñar el papel de árbitro final. Pero, este balance ideológico no asegura un fallo positivo. La decisión revocada fue respaldada unánimemente por jueces nombrados por Trump, Reagan y Obama, lo que le confiere una importancia institucional que es complicado ignorar.
El gabinete respalda los aranceles
La seriedad del asunto impulsó a cuatro integrantes del Gabinete a realizar declaraciones oficiales en la corte. El secretario de Comercio, Howard Lutnick, señaló que cancelar los aranceles «debilitaría» pactos actuales. Scott Bessent, el secretario del Tesoro, destacó el peligro de quebrar conversaciones en marcha. El representante comercial, Jamieson Greer, se muestra preocupado por un posible desajuste en las condiciones de competitividad. Además, el secretario de Estado, Marco Rubio, cree que el veredicto amenaza la política internacional y la seguridad del país.
