Romina Escobar, famosa en plataformas digitales por sus clips en TikTok, afronta un complejo problema judicial tras ser enviada a prisión preventiva por orden del Juzgado Primero de Paz de San Salvador. La joven de 28 años enfrenta cargos por varios delitos, incluidos daños a un vehículo de la Policía Nacional Civil (PNC), robo de una gorra policial y uso no autorizado de uniforme oficial. Este caso ha suscitado un ferviente debate en redes sociales y en la opinión pública, debido a la naturaleza de los acontecimientos y las circunstancias en torno al incidente.
El incidente fue revelado después de que un video publicado por Romina se volviera viral en redes. En el video, se observa a la influencer golpeando un vehículo de la PNC y mostrando una gorra estatal. Según el testimonio de Romina, el video se grabó mientras estaba bajo la influencia del alcohol, un error que ha admitido públicamente. Aunque ha pedido disculpas y solicitado someterse a pruebas toxicológicas para evidenciar su estado de ebriedad durante el hecho, las autoridades no procedieron con dichas pruebas, lo que ha suscitado críticas y cuestionamientos sobre la gestión del caso.
“Estoy profundamente apenada y sinceramente arrepentida por lo ocurrido”, manifestó Romina antes de comenzar la audiencia en su contra. También ofreció disculpas públicas a la Policía Nacional Civil y reconoció la importancia de su trabajo. Sin embargo, expresó su frustración diciendo que “no quieren perdonarme por la negligencia que los agentes cometieron”. Estas declaraciones fueron hechas mientras salía de los tribunales, visiblemente afectada por la situación.
No es la primera vez que Romina se enfrenta a problemas legales. En agosto de 2024, la Fiscalía General de la República la acusó de robo y amenazas agravadas en un incidente con un conductor de apps digitales. En esa instancia, Romina evitó la cárcel al llegar a un acuerdo con la víctima. Sin embargo, sus antecedentes han llevado a las autoridades a adoptar una postura más estricta en esta ocasión.
Este no es el primer enfrentamiento de Romina con la justicia. En agosto del 2024, la Fiscalía General de la República la acusó de robo y amenazas agravadas en un caso relacionado con un conductor de aplicaciones digitales. En esa ocasión, Romina logró evitar la prisión tras llegar a un acuerdo con la víctima. Sin embargo, los antecedentes han provocado que en esta oportunidad las autoridades adopten una postura más estricta.
La PNC ha mantenido su posición, afirmando que los daños causados al vehículo policial y la sustracción de la gorra son infracciones que no pueden ser ignoradas. Además, el uso inadecuado del uniforme oficial es una falta que podría dañar la imagen institucional de la Policía.
La situación también ha resaltado el papel de las redes sociales en asuntos legales. La viralidad del video de Romina, que muestra su comportamiento, ha sido crucial en el proceso judicial y ha hecho que el caso reciba mucha atención pública. Algunos expertos sostienen que este tipo de exposición puede afectar la percepción de las autoridades y las decisiones en el ámbito judicial.
El caso también ha puesto en la mira el impacto de las redes sociales en situaciones legales. La viralización del video de Romina, en el que se evidencia su conducta, ha sido un elemento clave en el proceso judicial y ha contribuido a que el caso sea seguido de cerca por la opinión pública. Algunos especialistas argumentan que este tipo de exposición puede influir en la percepción de las autoridades y en las decisiones judiciales.
Mientras tanto, Romina permanecerá en prisión provisional hasta que se realice la próxima audiencia, donde se determinará su situación legal. Su caso pone de manifiesto las complejas intersecciones entre las redes sociales, la justicia y la opinión pública en la era digital.
