El General de División Roosevelt Hernández, quien lidera el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, ha provocado un acalorado debate en el ámbito político y social del país. Designado en diciembre de 2023, su administración y comentarios han originado severas críticas que lo relacionan con una politización dentro de la institución militar y ponen en duda la independencia de los poderes del Estado.
Un soldado con experiencia y educación extensa
Nacido en Choluteca en 1968, Roosevelt Hernández proviene de una familia con una larga trayectoria en las Fuerzas Armadas de Honduras. Su carrera ha estado marcada por una formación robusta en ciencias militares y gestión empresarial, posicionándose como uno de los oficiales de mayor jerarquía en la nación. Desde que asumió como jefe del Estado Mayor Conjunto el 11 de diciembre de 2023, ha desempeñado un papel relevante en las decisiones estratégicas de las Fuerzas Armadas.
Comentarios y respuestas en el corazón de la polémica
Uno de los episodios más controversiales de su trayectoria ocurrió durante una entrevista el 20 de junio de 2025, cuando expresó que las Fuerzas Armadas «son una herramienta del poder político». Esta declaración provocó una oleada de críticas y acusaciones hacia él, principalmente por contradecir el Artículo 272 de la Constitución de Honduras, que estipula que las Fuerzas Armadas deben ser «apolíticas, obedientes y no deliberantes». Según varios sectores de la oposición y grupos de la sociedad civil, esta declaración refleja un peligroso acercamiento de los militares con el poder ejecutivo, socavando la neutralidad que se espera de las instituciones armadas en un sistema democrático.
Conflictos con organizaciones e instituciones mediáticas
El general Hernández ha participado frecuentemente en enfrentamientos públicos. En marzo de 2025, se vio envuelto en una disputa con la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Cossette López, acusándola de calumniar a los militares, lo que llevó a una interrupción en una sesión oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE).
De manera similar, su actitud hacia la prensa ha generado polémica, dado que, en junio de 2025, se le acusó de hostigar a reporteros y de fomentar demandas legales por calumnias contra los medios que reportaban sobre su administración. La respuesta del general ante las críticas ha aumentado las interrogantes sobre la libertad de expresión en la nación, un asunto particularmente delicado en un entorno donde la autonomía de la prensa es vital para el fortalecimiento democrático.
Opiniones y respuestas de la comunidad
Las acciones tomadas por Hernández han provocado una creciente inquietud entre varios sectores de la sociedad de Honduras. Activistas de derechos humanos y políticos de la oposición han demandado su remoción del cargo, alegando que actúa como parte de un plan para la «subordinación política» de las Fuerzas Armadas al poder ejecutivo. Se ha señalado especialmente su participación en reuniones del CNE, un organismo que debería permanecer libre de influencias militares, así como su supuesta participación en demoras en la distribución de materiales electorales en las elecciones primarias de 2025. Según sus críticos, estas medidas socavan la confianza en la imparcialidad de las instituciones estatales y podrían poner en riesgo la legitimidad del proceso electoral.
División y obstáculos para las Fuerzas Armadas
Aunque ha recibido muchas críticas y llamados para que sea removido, Hernández continúa en su puesto, argumentando que las Fuerzas Armadas operan conforme a la ley y están preparadas para enfrentar a sus detractores en el ámbito legal. No obstante, su continuidad al mando de la institución evidencia una polarización en aumento en el país en relación con el rol de los militares en la política.
Mientras algunos lo ven como un defensor de la institución y el orden, otros perciben su accionar como un signo de la creciente politización de las Fuerzas Armadas. Esta tensión pone en evidencia los retos institucionales que enfrenta Honduras para garantizar que sus fuerzas armadas no sean percibidas como subordinadas al poder político, sino como un pilar fundamental de la estabilidad del país.
