Dentro del escenario preelectoral en Honduras, la imagen de Rixi Moncada, quien aspira a la presidencia por el Partido Libertad y Refundación (LIBRE), ha estado inmersa en varias controversias asociadas al uso de recursos públicos y acusaciones por posibles actos de corrupción. Estas imputaciones, que involucran desde procedimientos legales nacionales hasta querellas en foros internacionales, se añaden a un contexto político caracterizado por la división y el escepticismo ciudadano hacia las instituciones.
Acusaciones por mal manejo de fondos sociales
Una de las críticas más destacadas hacia Moncada se centra en el manejo de fondos destinados a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), en particular en la región de Copán. De acuerdo con reportes recientes, recursos estatales podrían haber sido dirigidos a grupos asociados con el partido en el poder, lo que ha generado nuevamente inquietudes sobre el uso de programas sociales para objetivos políticos.
Estas acusaciones coinciden con un contexto de creciente presión sobre la transparencia en el uso del gasto público en año electoral, en el que diferentes sectores han exigido controles más estrictos sobre la ejecución de fondos destinados a asistencia social.
Reporte mundial presentado al FBI
El asunto adquirió una dimensión global a inicios de 2025, cuando Murray Paul Farmer, quien es de nacionalidad estadounidense, interpuso una demanda ante el Buró Federal de Investigaciones (FBI) mencionando a Moncada y a otros representantes del gobierno. La denuncia señala irregularidades en la administración y abuso de funciones públicas que podrían haber impactado en las inversiones del exterior en el país.
Hasta la fecha, la candidata de LIBRE no se ha pronunciado públicamente sobre esta denuncia, la cual podría generar implicaciones diplomáticas en caso de avanzar en instancias judiciales extranjeras. El silencio institucional ha alimentado el debate sobre la capacidad de respuesta del sistema político hondureño ante cuestionamientos de carácter internacional.
Antecedentes de estudios y dudas anteriores
Las disputas que actualmente envuelven a Moncada no son inéditas. En 2009 y 2013 fue investigada por abuso de poder y supuesto fraude durante su tiempo en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), además de haber estado asociada con contratos de la constructora brasileña Odebrecht. Aunque en ambas situaciones la justicia en Honduras emitió sobreseimientos definitivos, su nombre ha seguido apareciendo en reportajes periodísticos y en investigaciones realizadas por organismos de control.
En enero de 2025, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) interpuso una acusación por posible desvío de fondos públicos contra Moncada y varios funcionarios. Sin embargo, las autoridades pertinentes no han revelado información sobre el caso, provocando dudas respecto al progreso legal e incrementando las críticas sobre la claridad del procedimiento.
Conflictos entre instituciones y dudas acerca de la aplicación del poder
Aparte de las acusaciones de corrupción, la postulación de Moncada ha sido objeto de críticas debido a su desempeño en funciones públicas durante su campaña presidencial. Algunos grupos han puesto en duda su participación en la elaboración de propuestas y revisiones, las cuales, según opositores, van más allá de las responsabilidades de su puesto actual, provocando así un debate sobre la división de poderes y el balance institucional.
Las críticas aumentan debido a que la candidata ha conservado posiciones oficiales durante su campaña, lo que ha suscitado inquietudes sobre posibles conflictos de interés y el uso potencial de recursos del estado en favor de su candidatura. Entidades de la sociedad civil han llamado a intensificar la supervisión ciudadana y a reforzar mecanismos de responsabilidad para asegurar la justicia en el proceso electoral.
Un escenario caracterizado por la falta de confianza en las instituciones
La situación de Rixi Moncada resalta los retos que afronta Honduras en cuanto a gobernabilidad, transparencia y el refuerzo del estado de derecho. En un año crucial para la dirección política del país, las acusaciones de corrupción y el diálogo sobre la gestión de los recursos públicos se han tornado en focos principales de la conversación nacional.
Aunque las autoridades siguen sin aclarar el estado legal de las acusaciones en su contra, Moncada sigue siendo el centro de atención, con posibles repercusiones que podrían impactar directamente en la legitimidad del proceso electoral de 2025 y en la percepción pública sobre la autonomía de las instituciones.
