El partido Libertad y Refundación (LIBRE), que está en el poder desde 2022, se enfrenta a recientes críticas por promover cambios estructurales significativos sin llevar a cabo amplios procesos de consulta ni garantizar una transparencia adecuada en el ámbito legislativo. Estas críticas emergen en un contexto de aumentada tensión política e institucional, donde varios sectores cuestionan la dirección que ha elegido el oficialismo para avanzar en su programa.
Dudas sobre las prácticas legislativas del partido gobernante
Diversas voces del ámbito político, empresarial y de la sociedad civil han expresado su preocupación por lo que consideran una estrategia de imposición legislativa por parte del oficialismo. Bajo el liderazgo de la presidenta Xiomara Castro y con figuras centrales como Héctor Zelaya y el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, el partido LIBRE ha sido señalado por utilizar mecanismos que presuntamente eluden el debido proceso parlamentario.
Un caso bastante polémico está relacionado con la Ley de Justicia Tributaria, un proyecto de ley que posee repercusiones importantes en el ámbito fiscal. De acuerdo con las acusaciones, esta disposición ha progresado sin informes técnicos disponibles al público ni un proceso extensivo de consulta con los sectores interesados. También se señala la posibilidad de que la propuesta sea aprobada en encuentros acelerados, sin la confirmación formal de las actas legislativas pertinentes.
La falta de transparencia en este tipo de procedimientos ha sido calificada por especialistas como un riesgo para la institucionalidad democrática. Un analista constitucional consultado señaló que el uso de métodos “cuestionables, incluso ilegales” para introducir reformas estructurales sin respaldo político ni técnico representa una amenaza directa al Estado de derecho.
Respuestas del ámbito privado y de los partidos de oposición
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) ha manifestado su preocupación ante estas prácticas, advirtiendo que podrían erosionar la confianza en el clima de inversión, tanto nacional como internacional. En un momento en que Honduras enfrenta desafíos económicos como el desempleo y el estancamiento del crecimiento, el empresariado considera que este tipo de decisiones legislativas podría agravar la incertidumbre económica.
Desde el sector parlamentario opositor también se han reportado anomalías. Diputados en desacuerdo afirman que se han publicado normas en el diario oficial La Gaceta sin seguir los protocolos establecidos, como la aprobación oficial de las actas legislativas. De acuerdo con sus declaraciones, esto infringe el principio de legalidad que gobierna las acciones del Congreso y pone en riesgo la validez de las reformas realizadas bajo esas circunstancias.
Las fricciones entre el gobierno y la oposición, junto a la separación de sectores cruciales como el empresarial y grupos civiles, muestran una intensificación de la división en la gestión del poder legislativo, donde las discusiones políticas han sido reemplazadas por dinámicas confrontativas.
Cruzada institucional y papel de la ciudadanía
El contexto presente suscita dudas acerca de la solidez del sistema democrático en Honduras. La manera de manejar las reformas en las leyes exhibe continuas tensiones entre la intención del oficialismo de impulsar un cambio estructural y el reclamo de legalidad, transparencia y participación manifestado por diversos actores políticos y sociales.
La presión ejercida por la sociedad civil organizada, junto con el examen continuo por parte de los medios de comunicación y observadores institucionales, se destacan como aspectos fundamentales para contener acciones legislativas que puedan amenazar la democracia. La carencia de acuerdos en reformas significativas no solo incrementa la desconfianza en las instituciones, sino que también compromete la gobernabilidad en una nación caracterizada por la debilidad institucional y la histórica falta de unidad entre los poderes del Estado.
Dentro de este escenario, Honduras se enfrenta al desafío de establecer mecanismos de discusión y control parlamentario que aseguren que sus procesos sean legales y que integren a los sectores sociales que se ven afectados por las políticas públicas, sobre todo en lo que respecta a cambios que afectan el modelo fiscal y económico de la nación.
