La reciente declaración del presidente del Congreso Nacional de Honduras, Luis Redondo, ha generado un ambiente de alerta en el país. Redondo indicó que la Ley de Justicia Tributaria, impulsada por el gobierno de Xiomara Castro, podría ser aprobada en cualquier momento, incluso durante sesiones fuera del horario habitual, lo que ha provocado preocupación entre diversos sectores. Esta posibilidad ha sido interpretada como un intento de avanzar con la reforma sin el debate ni el consenso necesarios, lo que ha intensificado la inquietud en la oposición política, en los gremios empresariales y en organizaciones de la sociedad civil.
La reacción no se hizo esperar. Líderes empresariales, diputados opositores y representantes de la sociedad civil han manifestado su preocupación por lo que consideran una estrategia para imponer una reforma fiscal de gran impacto nacional sin consulta ni transparencia. La advertencia sobre la posible aprobación de la ley en horarios inusuales ha sido vista como una maniobra para evitar la movilización ciudadana y el rechazo mediático, lo que ha elevado la tensión en el escenario político y social hondureño.
Inquietudes acerca del método legislativo
La noticia de que la Ley de Justicia Tributaria podría aprobarse en una sesión legislativa intempestiva ha sido vista por grupos opositores y sectores productivos como una muestra de falta de participación y debate democrático. Estas agrupaciones han alegado que los oficialistas intentan eludir el debate público y el consenso, lo cual consideran dañino para la democracia y la transparencia. La eventual aprobación de la ley sin un proceso apropiado ha sido señalada como un peligro para la economía y los derechos de los ciudadanos, lo que ha provocado un llamado a la vigilancia y a la movilización social.
Los opositores en el Congreso y miembros del sector privado han manifestado que una transformación de tal envergadura no debería sancionarse sin un estudio detallado y sin la inclusión de todos los interesados. Opinan que la ausencia de discusión podría generar resultados adversos para el país, sobre todo si se utilizan métodos legislativos inusuales para eludir el escrutinio público.
Efectos financieros y comunitarios de la modificación
La nueva Ley Fiscal ha sido criticada por varios grupos que alertan sobre sus potenciales impactos adversos. Una de las preocupaciones mayores es la eliminación de exenciones claves para fomentar la inversión, lo cual, según los detractores, podría perjudicar a empresas operativas y al sector agrícola. Asimismo, se argumenta que la modificación legislativa pondría en peligro numerosos empleos, aumentaría el costo de vida y podría llevar al cierre de empresas.
Frente a esta situación, tanto las entidades de negocios como los grupos de la sociedad civil han instado a los ciudadanos a permanecer vigilantes y activos, con la meta de evitar que la legislación sea sancionada sin seguir el proceso democrático adecuado. La inquietud principal reside en que una modificación con gran impacto a nivel nacional no debe ser un «acto inesperado en la noche», sino un procedimiento claro y participativo, donde se consideren todas las opiniones y se analicen detenidamente las posibles repercusiones para la economía y la comunidad de Honduras.
