El establecimiento de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH), uno de los compromisos más importantes de campaña de la presidenta Xiomara Castro, se ha postergado otra vez tras la quinta renovación del acuerdo con Naciones Unidas. El anuncio, efectuado esta semana, coincide con la ausencia de progresos en el Congreso Nacional para aprobar reformas constitucionales vitales para que el mecanismo anticorrupción funcione adecuadamente.
La paralización ha revitalizado objeciones desde distintos grupos de la sociedad civil y del ámbito internacional, que ven la demora como un indicativo de debilitamiento del compromiso del gobierno en la lucha contra la impunidad. La ausencia de acuerdos legislativos, especialmente respecto a la supresión de la inmunidad parlamentaria, evita la implementación exitosa de la CICIH, a pesar de haber entregado un segundo borrador formal a la ONU en septiembre de 2024.
Respuestas institucionales y comunitarias
El Poder Ejecutivo ha reiterado en múltiples ocasiones su disposición a establecer la comisión, señalando avances en las negociaciones con Naciones Unidas. No obstante, las condiciones necesarias para su implementación dependen de reformas legales y constitucionales que deben ser aprobadas por el Congreso, donde no se ha logrado el respaldo suficiente.
En respuesta a la nueva prórroga, sectores críticos han expresado su inconformidad con el manejo del proceso. Una diputada del Partido Nacional calificó la renovación como “un zarpazo al pueblo que creía en la promesa de justicia”, reflejando el malestar dentro de la oposición política. En tanto, organizaciones como la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Transparencia Internacional y el Colegio de Abogados han exhortado a romper el bloqueo institucional que impide el avance del proyecto.
Desafíos políticos y fatiga del público
El proceso para instalar la CICIH enfrenta múltiples obstáculos en el plano político. Entre ellos destacan las reformas estructurales que implicaría la supresión de protecciones legislativas consideradas por actores sociales como un obstáculo para el combate efectivo a la corrupción. La falta de voluntad política en el Congreso ha sido señalada por diversos actores como una de las causas principales del estancamiento.
A más de dos años del inicio de la actual gestión de Castro, las organizaciones de sociedad civil y redes ciudadanas denuncian un distanciamiento entre las promesas iniciales y las acciones efectivas. Desde estos sectores se señala que la postergación reiterada de decisiones clave ha erosionado la confianza en la administración y en el sistema institucional en su conjunto.
Acciones de llamada e influencia internacional
El actualizado acuerdo de cooperación no señala un plazo específico para la implementación de la CICIH, lo que, de acuerdo con analistas internacionales, podría comprometer la reputación del país en temas de colaboración internacional. La sensación de estancamiento ha creado desconfianza en agentes externos, lo que podría resultar en consecuencias adversas para el apoyo financiero y técnico que Honduras obtiene para mejorar su institucionalidad democrática.
Frente a esta situación, diferentes opiniones han señalado la urgencia de agilizar el proceso mediante la rápida aprobación de las reformas requeridas, lo cual facilitaría la firma de un acuerdo final con la ONU. Estas medidas, afirman, no solo activarían un mecanismo para enfrentar la corrupción, sino también demostrarían un firme compromiso con la transparencia y la responsabilidad en la gestión pública.
Panorama institucional incierto
El retraso en la implementación de la CICIH pone de manifiesto los desafíos estructurales que Honduras enfrenta al intentar establecer un sistema que sea independiente y efectivo. Los continuos impedimentos legales, junto con la ausencia de acuerdos políticos, mantienen en espera una de las iniciativas clave para combatir la impunidad en la nación.
El caso destaca las tensiones entre los acuerdos internacionales que ha tomado el Ejecutivo y las dinámicas internas del Legislativo, así como el reto de convertir promesas políticas en reformas estructurales tangibles. Entre tanto, el país sigue sin contar con un mecanismo internacional de apoyo para investigar casos de alto impacto, lo que levanta preguntas sobre la sostenibilidad de los esfuerzos institucionales para enfrentar la corrupción a corto y mediano plazo.
