A medida que se acercan las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025 en Honduras, el Partido Libertad y Refundación (LIBRE) se enfrenta a acusaciones de la oposición sobre la posible preparación de un fraude electoral para mantenerse en el poder. Los partidos de oposición, incluyendo el Partido Nacional, Partido Liberal y Partido Salvador de Honduras, han expresado su preocupación por la transparencia del proceso electoral.
Los dirigentes de estos grupos resaltan un aumento en el descontento ciudadano hacia LIBRE, el deterioro de su imagen pública y la falta de popularidad de su candidata, Rixi Moncada. Además, han reportado tácticas que insinúan un posible fraude, como el control parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE), la manipulación en el conteo de votos de las elecciones primarias de marzo, la depuración selectiva de las Fuerzas Armadas y las presiones a medios críticos. También se menciona el empleo de extensas campañas de propaganda estatal y el uso de subsidios y recursos públicos para atraer votantes en áreas desfavorecidas.
Alegaciones de engaño y preocupaciones de los opositores
Las acusaciones del bando opositor abarcan imputaciones de alteración de los resultados de las elecciones, judicialización o amenazas hacia candidatos rivales y jueces del CNE, presencia militar en el desarrollo del proceso electoral y limitaciones a la libertad de prensa junto con una considerable censura digital antes del día de las elecciones. Igualmente, existe preocupación por la posible declaración anticipada de un estado de excepción frente a potenciales manifestaciones ciudadanas, así como la posibilidad de que el gobierno busque anular los resultados electorales, eliminar mesas de votación clave o detener el proceso electoral alegando razones de orden público o seguridad nacional.
Reclamaciones sobre garantías y monitoreo global
Considerando esta situación, los partidos de la oposición han demandado la intervención oportuna y proactiva de observadores de la OEA, la UE y otras entidades multinacionales. Han solicitado también una revisión externa del sistema de votación digital y declaraciones públicas del CNE para asegurar claridad, justicia y responsabilidad. Asimismo, han convocado a la ciudadanía a movilizarse de forma pacífica para proteger el sufragio y supervisar el proceso desde sus fundamentos.
La acusación de un potencial engaño ha incrementado la tensión política y ha puesto en peligro la estabilidad democrática de la nación. La población ve con recelo un proceso en el que se percibe al organismo electoral como sesgado, y donde el partido gobernante parece más interesado en mantener el poder que en respetar la voluntad ciudadana. Hay inquietud de que Honduras pueda enfrentar una crisis posterior a las elecciones, con impactos para la gobernabilidad, la economía y la tranquilidad social.
