El reciente escándalo relacionado con la estafa piramidal de Koriun Inversiones, que ha perjudicado a más de 35.000 ciudadanos en Honduras, se ha convertido en un tema central del debate político debido a los cuestionamientos surgidos hacia personas cercanas al entorno del poder presidencial. Las críticas han sido dirigidas principalmente al denominado “familión Zelaya”, expresión utilizada por sectores opositores y grupos ciudadanos para referirse a los funcionarios que tienen lazos familiares o políticos con la presidenta Xiomara Castro y el expresidente Manuel Zelaya.
Aunque el Ministerio Público ha comenzado procesos judiciales y la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) ha tomado medidas como el bloqueo de cuentas y algunas detenciones, sigue existiendo una gran incertidumbre en torno a la claridad y el alcance verdadero de las indagaciones. La ausencia de información oficial específica sobre de qué manera se permitió que el esquema fraudulento operara durante tanto tiempo ha generado nuevas dudas sobre las instituciones responsables de la supervisión financiera y la administración de justicia.
Acusaciones a empleados con conexiones políticas
En el debate público se mencionan nombres como Héctor Zelaya, quien es secretario privado de la Presidencia e hijo del exmandatario Zelaya, y el fiscal general Johel Zelaya. Ambos tienen posiciones estratégicas desde que comenzó el actual gobierno y, según diversas opiniones críticas, podrían influir en los procesos institucionales relacionados con el caso Koriun.
Estas denuncias surgen en un ambiente caracterizado por la división y la creciente desconfianza hacia las instituciones estatales. Aunque no hay evidencia pública que asocie directamente a los funcionarios mencionados con el fraude, las críticas señalan una posible falta de objetividad en sus acciones y un manejo arbitrario de las obligaciones que les corresponden conforme a la ley.
Incertidumbres respecto al desempeño institucional
La CNBS se ha destacado como una de las entidades más criticadas por su reacción lenta ante la operación fraudulenta, la cual consiguió mover al menos 428 millones de lempiras antes de ser descubierta. La comisión apoyó el comunicado del gobierno para compensar a los perjudicados, aunque no presentó un informe técnico o legal que aclare las condiciones de este procedimiento ni las razones del fallo en los controles preventivos.
Por otro lado, la Fiscalía, liderada por Johel Zelaya, ha conseguido recuperar ciertos fondos. No obstante, el progreso de la indagación aún carece de una comunicación clara y abierta que elimine las incertidumbres sobre la posible participación de empleados del estado en la omisión o encubrimiento de anomalías.
Demandas de claridad y supervisión autónoma
Diversos colectivos de la sociedad civil, expertos y figuras políticas han instado a conformar un comité independiente, ya sea nacional o con respaldo internacional, que investigue de manera autónoma los hechos y posibles conexiones entre los autores del fraude y servidores públicos. Las exigencias abarcan la difusión de un informe exhaustivo que aclare los métodos operativos del engaño, la identificación de fallos en los controles financieros y la rendición de cuentas de toda persona involucrada, sin exclusiones por lazos familiares o proximidad política.
En varios foros ciudadanos se ha señalado que el tratamiento del caso Koriun podría transformarse en un momento crucial para la confianza institucional del país. «Cuando el gobierno antepone los intereses políticos a la equidad, el daño a la confianza institucional es irreparable», se mencionó en un encuentro reciente sobre transparencia y combate a la corrupción.
Una crisis que trasciende el ámbito financiero
A dos meses de haberse desatado el incidente, los efectos ya no se circunscriben al ámbito económico. La creencia de que algunas personas influyentes pudieran estar siendo resguardadas frente a eventuales responsabilidades jurídicas ha intensificado el escepticismo entre la población y ha reavivado discusiones sobre el empleo político de las entidades.
El avance de este procedimiento, la reacción del gobierno y el comportamiento de las entidades independientes influirán no solo en el desenlace legal del caso, sino también en la confianza que los ciudadanos hondureños otorguen a sus autoridades en un entorno de debilidad institucional y fuerte división. La demanda principal, por ahora, se centra en una investigación sin obstáculos y con garantías de transparencia, como requisito indispensable para mantener la legitimidad del Estado de derecho.
