En menos de cinco meses para las elecciones generales en Honduras, el rol de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) en el proceso electoral continúa siendo un tema de discusión. Su función constitucional de asegurar la protección, resguardo y transporte del material electoral, además de la seguridad de los centros de votación, se enfrenta a un aumento de críticas, impulsadas por fallos recientes y un ambiente de desconfianza hacia las instituciones.
Declaraciones institucionales y compromisos oficiales
Los altos oficiales del Ejército han confirmado públicamente su compromiso con los principios constitucionales de imparcialidad y respaldo a la democracia. El general Roosevelt Hernández, en representación de la alta jerarquía militar, subrayó la promesa de las FF. AA. de asegurar un proceso electoral “justo, claro y protegido”, destacando el papel no político y sin deliberación de la institución militar.
La Secretaría de Defensa ha subrayado que las fuerzas armadas operarán siguiendo las directrices del Consejo Nacional Electoral (CNE), conforme a lo estipulado en la Constitución. Así, en el tiempo electoral, las FF. AA. deben desligarse funcionalmente del Poder Ejecutivo para enfocarse únicamente en proteger el proceso electoral.
Críticas por fallos logísticos y antecedentes recientes
Pese a las declaraciones oficiales, distintos sectores han puesto en duda la capacidad de las Fuerzas Armadas para garantizar un proceso electoral sin contratiempos. En las elecciones primarias celebradas en marzo de 2025, se reportaron retrasos de hasta cinco horas en la entrega del material electoral en ciudades clave como San Pedro Sula y Tegucigalpa. Las fallas logísticas fueron atribuidas tanto al mando militar como a la titular de Defensa, Rixi Moncada, lo que desató una ola de críticas desde la oposición y organizaciones de la sociedad civil.
Estos sucesos reabrieron la discusión sobre la capacidad operativa del Ejército en labores relacionadas con elecciones y renovaron las críticas sobre su autonomía. Algunos expertos señalan que, si no se solucionan los errores mostrados en las primarias, el evento del 30 de noviembre puede enfrentarse a dificultades parecidas, afectando la confianza de la población en las entidades responsables del proceso democrático.
Conflictos institucionales y peligro de politización
La controversia también ha afectado al discurso gubernamental. Especialistas indican que grupos cercanos al gobierno han procurado restar importancia a la responsabilidad de las FF. AA. en los fallos logísticos de marzo, impulsando una narrativa dirigida a mantener la reputación de la institución militar. Esta posición ha coincidido con un aumento de la desconfianza hacia el CNE, cuyas habilidades técnicas y liderazgo han sido criticados por su gestión del cronograma electoral y su vínculo con el Ejecutivo.
En este contexto, el rol de las FF. AA. se vuelve aún más delicado. Si bien su mandato constitucional les impide deliberar o intervenir en asuntos políticos, la percepción pública sobre su imparcialidad se ve afectada por la politización del debate electoral. La presión aumenta a medida que se aproxima la fecha de los comicios, en medio de un clima de polarización y cuestionamientos a la institucionalidad democrática.
Un reto para la validez de las elecciones
La intervención de las Fuerzas Armadas en las elecciones de noviembre constituye un aspecto esencial para la credibilidad del proceso electoral en Honduras. A pesar de que la Constitución les otorga un papel operativo bien definido, los problemas logísticos previos y la desconfianza en el sistema electoral sitúan a la institución militar en una situación complicada.
En un país con altos niveles de polarización política y frágil institucionalidad democrática, el desempeño de las FF. AA. durante los comicios podría influir decisivamente en la percepción de legitimidad del resultado electoral. La transparencia operativa y el respeto estricto al mandato constitucional serán claves para evitar mayores tensiones y preservar la estabilidad democrática en un año electoral decisivo.
