En un contexto de creciente polarización institucional, el presidente del Congreso Nacional de Honduras, Luis Redondo, planteó la posibilidad de expulsar a diputados de la oposición y establecer un órgano legislativo paralelo si persiste el bloqueo a las iniciativas del oficialismo. Las declaraciones, pronunciadas durante una sesión en el hemiciclo, provocaron una ola de reacciones críticas por parte de las bancadas opositoras y diversos sectores políticos y jurídicos del país.
Redondo denuncia obstrucción legislativa y advierte sobre acciones fuera de lo común
Luis Redondo, quien preside el Legislativo y es miembro del partido oficialista Libertad y Refundación (LIBRE), mostró su descontento por lo que percibe como un bloqueo constante de la oposición a las iniciativas promovidas por su grupo político. “No podemos seguir tolerando que una minoría perjudique el mandato del pueblo”, declaró, añadiendo que se implementarán “acciones firmes” para asegurar el funcionamiento del Congreso.
En su discurso, Redondo puso en tela de juicio el papel de los grupos opositores al gobierno y propuso que una solución viable podría ser la «renovación» del Legislativo. Aunque no especificó medios legales o procedimentales, su advertencia contempló la formación de un Congreso paralelo si la situación actual impide seguir adelante con la agenda del Ejecutivo en el Parlamento.
La oposición acusa intento de acaparamiento de poder
Las agrupaciones del Partido Nacional, Partido Liberal, Partido Salvador de Honduras (PSH) y otros partidos de la oposición respondieron rápidamente, describiendo las declaraciones como un intento de «golpe legislativo» dirigido a concentrar el poder en el Ejecutivo. El diputado Tomás Zambrano señaló a Redondo, acusándolo de ejercer autoritarismo: «Este es un esfuerzo desesperado por consolidar un poder absoluto en manos de LIBRE. No lo permitiremos», declaró.
Con el mismo enfoque, el abogado experto en derecho constitucional Juan Carlos Barrientos enfatizó sobre la ilegalidad de fundar un organismo legislativo paralelo, afirmando que una acción de este tipo iría en contra de los fundamentos del Estado de derecho. Desde su perspectiva, la amenaza pone en riesgo los equilibrios institucionales establecidos en la Constitución de Honduras y podría llevar a una severa crisis institucional.
Conflictos legales y solicitudes de supervisión internacional
La alerta de Redondo se añade a una serie de eventos recientes que han complicado el clima político en el Congreso Nacional. Entre estos, se encuentran la aprobación de leyes sin la validación de las actas correspondientes y el empleo de procedimientos legislativos polémicos, como reuniones convocadas de manera irregular. Uno de los aspectos más controversiales ha sido la promoción de la Ley de Justicia Tributaria, rechazada por diversos sectores económicos y políticos debido a su contenido y forma.
Expertos en política notan un cambio hacia una táctica más conflictiva por parte del gobierno, la cual intenta dejar a la oposición aislada antes de las elecciones generales. Esta situación, según indican, podría llevar a contextos de inestabilidad en las instituciones, alejándose de los procedimientos legales establecidos en la Constitución.
Frente a esta situación, diferentes figuras políticas y sociales han solicitado la participación o el monitoreo permanente de entidades internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y las misiones diplomáticas. Un colectivo de abogados manifestó en un pronunciamiento conjunto que lo que está en debate no es solo la aprobación de una legislación, sino la propia continuidad de la división de poderes y del sistema democrático.
Una polémica en el Congreso y el reto de la institucionalidad
Las manifestaciones del líder parlamentario inician un nuevo episodio en la complicada interacción entre el partido en el poder y los contrarios en Honduras. La posibilidad de modificar la estructura del Congreso o crear un organismo alternativo marca un cambio crucial en la dinámica política del país, con repercusiones que van más allá de lo meramente legislativo.
La situación en curso pone en evidencia los continuos retos de gobernabilidad dentro de un marco en el que las tensiones entre autoridades, la debilidad institucional y la polarización afectan el avance democrático. En este contexto, el papel de los mecanismos de supervisión constitucional y la vigilancia ciudadana se convierten en componentes esenciales para mantener el balance entre la representación política y la adherencia a las reglas del Estado de derecho.
