Periodistas hondureños denuncian ataques de odio desde sectores oficiales

El Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) hizo una denuncia pública sobre una campaña continua de estigmatización y amenazas hacia periodistas en la nación, señalando que sectores del gobierno y el partido oficialista Libertad y Refundación (LIBRE) son los impulsores. La agrupación profesional afirma que estos ataques sistemáticos ponen en riesgo la libertad de expresión y el trabajo periodístico, y han llevado la situación a foros internacionales para advertir sobre el debilitamiento de las garantías democráticas.

Según el pronunciamiento del CPH, las agresiones adoptan diversas formas: desde la intimidación y los insultos en redes sociales hasta procesos judiciales iniciados por instituciones del Estado. El gremio señala que funcionarios públicos y activistas digitales vinculados al oficialismo han promovido una narrativa de descrédito contra medios y periodistas críticos. Esta dinámica, de acuerdo con la denuncia, incluye intentos de forzar la entrega de fuentes informativas, elemento que, en el contexto hondureño, es considerado una violación directa al secreto profesional protegido por estándares internacionales.

Entre los ejemplos más recientes, se registran querellas presentadas por las Fuerzas Armadas y otras organizaciones del gobierno, que de acuerdo con el grupo, buscan detener pesquisas sobre presuntos actos de corrupción o abusos institucionales. Además, se observa un incremento constante de campañas de desprestigio efectuadas por cuentas anónimas o falsas, frecuentemente denominadas como “tropas digitales” alineadas con el oficialismo, que publican mensajes ofensivos y exponen públicamente los rostros de periodistas.

Escalada en el discurso oficial y tensión preelectoral

Un aspecto que ha causado gran inquietud es la intensificación de la hostilidad desde el Congreso Nacional. Especialmente, el titular del Legislativo, Luis Redondo, ha realizado comentarios en los últimos tiempos dirigidos hacia los medios de comunicación, con un tono que el gremio considera como un intento de deslegitimación. Estas manifestaciones se producen en un escenario de tensiones políticas en aumento, de cara a las elecciones generales previstas para noviembre, donde la disputa entre el gobierno y la oposición se ha agudizado.

El uso de plataformas institucionales para difundir mensajes hostiles hacia la prensa refuerza un ambiente de presión que, según el CPH, ha generado efectos como la autocensura y el retraimiento de voces críticas en los medios. Esta dinámica, enmarcada en una coyuntura electoral, ha sido leída por actores del gremio como una señal de que el periodismo independiente enfrenta un cerco institucional y digital sin precedentes desde el retorno a la democracia.

Preocupación internacional y llamados al cese de la intimidación

Varias organizaciones globales han expresado su preocupación por la situación. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Reporteros Sin Fronteras y ARTICLE 19 han lanzado declaraciones criticando lo que describen como un paso atrás en las protecciones para el libre ejercicio del periodismo en Honduras. Estas entidades coinciden en señalar que las acciones reportadas crean un entorno de riesgo que amenaza derechos esenciales y el papel del periodismo en la supervisión del poder público.

Estos personajes, junto con el CPH y entidades nacionales, han solicitado al Gobierno asegurar la seguridad real de los periodistas, además de detener de inmediato cualquier tipo de amenaza, ya sea directa o indirecta. Recalcan que la libertad de prensa no es solo un derecho personal, sino una condición crucial para que la democracia funcione.

La denuncia del Colegio de Periodistas de Honduras se enmarca en un momento de fuerte polarización política y creciente desconfianza entre instituciones y sectores sociales. A pocos meses de las elecciones, el señalamiento sobre una campaña sistemática de hostigamiento contra la prensa pone en evidencia tensiones estructurales en torno a la libertad de expresión, el uso del aparato estatal y la calidad del debate democrático en el país.

By Jaime Navarro