En los últimos años, la libertad de prensa en Honduras ha tomado una gran importancia, caracterizada por un aumento en los incidentes de violencia, amenazas e impunidad hacia periodistas y medios de comunicación. Diferentes reportes y documentos oficiales han demostrado un ambiente progresivamente más adverso para el trabajo periodístico, donde la presión institucional y económica se une con acciones directas de intimidación y esfuerzos de desprestigio.
En este escenario, los periodistas en Honduras han afrontado no solo amenazas físicas, sino también campañas de desprestigio y persecución legal, lo que ha debilitado la autonomía de los medios de comunicación y ha generado inquietud tanto dentro del país como fuera. La reacción de la sociedad civil y las organizaciones de derechos humanos ha sido de constante monitoreo y llamados por la defensa de los derechos esenciales.
Riesgos, agresiones y falta de justicia hacia periodistas
Desde 2001 hasta finales de 2024, más de un centenar de periodistas y comunicadores han sido asesinados en Honduras, con un índice de impunidad que supera el 90 %. Las amenazas, intimidaciones y restricciones en el entorno digital se han consolidado como las formas más frecuentes de violencia, afectando tanto a periodistas individuales como a medios de comunicación de diversas regiones del país. En los años recientes, se han documentado agresiones a 64 medios, lo que revela patrones persistentes de persecución y criminalización.
La presión económica sobre los medios ha incidido en su capacidad operativa e independencia editorial, obligando a algunos a reducir sus actividades o incluso a cerrar. El acoso judicial y la falta de recursos han sido factores determinantes en este debilitamiento. Organizaciones internacionales han ubicado a Honduras entre los países con peores condiciones para el ejercicio del periodismo en América Latina, situándolo en posiciones rezagadas en los índices globales de libertad de prensa.
En este contexto, diversas entidades nacionales e internacionales han solicitado al gobierno de Honduras que asegure la protección de los periodistas y que respete la libertad de expresión, considerándolos elementos básicos para la democracia y el estado de derecho.
Iniciativas institucionales y reacción social
En mayo de 2025, las Fuerzas Armadas de Honduras emprendieron una campaña mediática contra periodistas críticos, empleando su medio oficial para desacreditar públicamente a destacados comunicadores. En una edición reciente de su publicación institucional, se destinaron varias páginas a señalar a tres periodistas, acompañando las imputaciones con imágenes y términos que los tachaban de enemigos del Estado, sin ofrecer pruebas concretas.
Este incidente provocó una respuesta instantánea del sector periodístico y de grupos de derechos humanos, los cuales repudiaron la iniciativa calificándola como un asalto institucional sin paralelo proveniente de las máximas instancias del poder militar y gubernamental. La comunidad de periodistas y distintos segmentos de la sociedad hondureña han sostenido una actitud de vigilancia, demandando claridad y respeto por los derechos esenciales, así como el fin de cualquier tipo de acoso hacia la prensa independiente.
El caso del periodista Rodrigo Wong Arévalo, señalado en un comunicado de la Secretaría de Defensa Nacional y las Fuerzas Armadas, ha concentrado la atención pública y generado muestras de solidaridad por parte de organizaciones nacionales e internacionales. El comunicado, considerado intimidatorio, respondía a declaraciones de Wong Arévalo sobre presuntas irregularidades en la transferencia de fondos públicos. Diversos sectores han recordado que la labor de informar y fiscalizar a las instituciones es un pilar esencial de la democracia.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos ha pedido al Estado que evite hacer declaraciones que podrían amenazar de manera directa o indirecta a los reporteros y medios, enfatizando la responsabilidad estatal de salvaguardar la libertad de pensamiento y de expresión. Este tipo de situaciones se ha interpretado como un esfuerzo por limitar el trabajo informativo y crítico del periodismo en el país, lo que ha aumentado la preocupación por el uso del poder gubernamental para restringir la actividad periodística en Honduras.
