La propuesta de la Ley de Justicia Tributaria en Honduras ha generado un ambiente de incertidumbre que afecta tanto a inversionistas nacionales como extranjeros. Esta iniciativa, impulsada por el gobierno, ha motivado la suspensión de inversiones millonarias, la cancelación de expansiones empresariales y el traslado de operaciones a otros países de Centroamérica, donde los marcos legales se perciben como más estables y predecibles. La comunidad empresarial hondureña sostiene que los cambios fiscales repentinos y sin diálogo multisectorial han creado un entorno de negocios impredecible, lo que dificulta la planificación estratégica y paraliza proyectos de gran escala que son esenciales para el crecimiento sostenido del país.
El ámbito productivo del país advierte que suprimir las exenciones e incentivos tributarios, considerados en la legislación, debilitaría uno de los elementos esenciales de la economía de Honduras. Tanto empresarios como expertos en economía coinciden en que la medida podría causar una salida de capitales, el retiro gradual de inversiones y el empeoramiento del entorno empresarial, impactando directamente en la competitividad y la creación de empleo formal en áreas esenciales como la agroindustria, el turismo, la maquila, la construcción y la tecnología.
Efectos de la volatilidad fiscal sobre la inversión y el empleo
La incertidumbre derivada de las modificaciones fiscales improvisadas ha traído consecuencias inmediatas, como el traslado de operaciones a países cercanos, la paralización de inversiones en los sectores industrial, logístico y tecnológico, así como la anulación de proyectos en los ámbitos energético, turístico y agrícola que prometían generar miles de empleos. Honduras ha sufrido un descenso en los índices de competitividad e inversión extranjera, lo cual refuerza la idea de que el país está enviando señales negativas al mercado global. Aunque el gobierno afirma que la ley busca equidad fiscal, expertos advierten que los costos ocultos de esta situación serán mayores a cualquier ingreso adicional previsto, dado que el capital tiende a buscar lugares más estables y favorables.
Por otro lado, la eliminación de incentivos fiscales, históricamente utilizados para atraer inversión extranjera directa, se traduce en el retiro progresivo de capitales, la cancelación de proyectos de expansión empresarial y el desinterés de nuevas inversiones internacionales. Este deterioro del clima de negocios afecta especialmente a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), responsables de más del 70 % del empleo en el país, que enfrentarían nuevas cargas fiscales sin acompañamiento técnico ni consulta multisectorial.
Exhorto a una revisión fiscal equilibrada y consensuada
Ante esta situación, las industrias han pedido al Congreso Nacional que no apruebe la ley tal como está y que abra un diálogo técnico con diversos sectores. Creen esencial establecer una reforma fiscal equilibrada que no perjudique la inversión ni los trabajos, sino que fortalezca a Honduras como un lugar seguro para invertir y crear posibilidades. La falta de estabilidad legal y normas precisas ha sido señalada como el mayor impedimento para restablecer la confianza empresarial y atraer nuevas iniciativas de desarrollo.
La amenaza de asfixiar al sector privado, en particular a las MIPYMES, es una preocupación significativa, dado que estas empresas son fundamentales para el empleo nacional. La implementación de nuevos impuestos sin un adecuado soporte técnico podría complicar todavía más la viabilidad de estos negocios y frenar la habilidad de Honduras para ser competitivo en la región. Por lo tanto, el país enfrenta un dilema entre establecerse como un destino atractivo para el capital o elegir un enfoque que limite la producción y la inversión.
