Ley de Justicia Tributaria: lo que debe saber el empresario hondureño

El debate en torno a la Ley de Justicia Tributaria en Honduras ha provocado una acalorada discusión entre el sector privado, asociaciones de empresarios y las autoridades del gobierno. La propuesta de reforma fiscal presentada por la administración actual ha sido identificada por líderes empresariales como una amenaza directa para la estabilidad laboral y la continuidad de numerosas empresas en el país. La principal inquietud se centra en la eliminación de exenciones fiscales que han sido esenciales para el crecimiento de industrias como la maquila, la agroexportación, el turismo y la construcción, lo que, según los empresarios, podría llevar al cierre de empresas y despidos masivos, especialmente afectando a las pequeñas y medianas empresas.

La reforma anticipada no solo influye en el campo empresarial, sino que también afecta la economía del hogar y el entramado social de Honduras. Expertos y representantes de asociaciones alertan que la disminución de la actividad económica, junto con el éxodo de empresas, podría llevar a un incremento del desempleo estructural, más informalidad, migración obligatoria y un colapso en el consumo interno. Esta situación se complica con la coyuntura actual del país, donde más de un millón de personas buscan un trabajo digno y la informalidad laboral tiene un gran impacto en la población.

Consecuencias de suprimir los beneficios fiscales y el peligro para el empleo

La normativa de Justicia Tributaria propone la eliminación de esquemas de exoneraciones y exenciones fiscales, impactando en más de diez sectores productivos, como zonas francas, turismo, energías limpias y manufactura. De acuerdo con datos de empresarios, actualmente más de 400,000 puestos de trabajo directos y más de un millón de empleos indirectos dependen de estos esquemas, especialmente en la cadena de suministros y exportaciones agrícolas e industriales. La eliminación de estos incentivos podría llevar al cierre de fábricas, talleres, comercios y granjas tanto en áreas urbanas como rurales, dejando sin trabajo formal a miles de hondureños y aumentando la presión sobre el sector informal.

El estudio del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) indica que la reforma fiscal tendría efectos adversos en áreas como el turismo, la industria manufacturera y la agroindustria. Por ejemplo, en el sector manufacturero se calcula que estarían en peligro 40.000 puestos de trabajo y más de 733 millones de dólares en exportaciones, mientras que en turismo, el impacto podría significar la pérdida de miles de empleos tanto directos como indirectos y una reducción considerable en la inversión y los salarios. Además, el incremento de los costos operativos, especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas, haría insostenible su continuidad en el mercado, lo que empeoraría la situación de desempleo y subempleo en el país.

Impacto social y soluciones diferentes del ámbito privado

La transformación social derivada de la reforma se percibe como definitiva, con el peligro de incrementar la pobreza, el desplazamiento forzado y la desconfianza tanto dentro como fuera del país. La expansión del trabajo informal y la disminución de empleos formales con beneficios de seguridad social podrían degradar el nivel de vida y la recaudación fiscal, impactando a toda la población de Honduras. La inquietud de los empresarios abarca el efecto en cadena sobre la estabilidad social, advirtiendo que la eliminación de fuentes de empleo podría llevar a una mayor pobreza en la nación.

Ante este panorama, el sector privado ha propuesto alternativas, como la reducción del Impuesto sobre Ventas (ISV) del 15 % al 12 %, con el objetivo de dejar más dinero en los bolsillos de los hondureños, estimular la economía y generar empleo. Además, sugieren que en lugar de eliminar los incentivos para todos los sectores, se realicen inspecciones y fiscalizaciones a las empresas exentas de impuestos que incurran en irregularidades, aprovechando las facultades que ya otorga la legislación vigente. El sector empresarial insiste en la necesidad de diálogo y consulta con todos los actores productivos antes de aprobar una reforma que podría tener consecuencias irreversibles para el desarrollo económico y social del país.

La discusión acerca de la Ley de Equidad Fiscal sigue siendo acalorada, con demandas apremiantes al Parlamento Nacional para examinar minuciosamente el contenido de la ley y prevenir decisiones que puedan agravar los problemas básicos de Honduras, tales como el desempleo, la pobreza y la migración.

Por Jaime Navarro