En el marco de la preparación para las elecciones generales de 2025, el partido oficialista Libertad y Refundación (LIBRE) enfrenta fuertes cuestionamientos por parte de actores políticos, empresariales y sociales que lo acusan de impulsar acciones que comprometen la transparencia y legitimidad del proceso electoral. Las denuncias abarcan desde bloqueos a instituciones clave hasta intentos de control político del organismo electoral.
Interrogantes sobre el papel de LIBRE en el Consejo Nacional Electoral
Una de las mayores fuentes de controversia ha sido la suspensión en la contratación del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), instrumento visto como esencial para asegurar la claridad en el conteo de sufragios. El 7 de julio, manifestantes asociados a LIBRE bloquearon el acceso a las oficinas del Consejo Nacional Electoral (CNE), dificultando que las compañías proveedoras presentaran sus propuestas técnicas.
La presidenta del CNE, Cossette López, declaró que estas acciones representan un ataque frontal al proceso electoral, señalando su efecto desfavorable en la confianza hacia la institucionalidad democrática. La interrupción del desarrollo del TREP no solo postergó la planificación electoral, sino que también fortaleció la idea de que se busca crear un ambiente favorable para alterar los resultados.
Además, se han documentado casos de presión ejercida por grupos relacionados con LIBRE, que incluyen incursiones en el Congreso Nacional y otras instituciones del estado. Estos acontecimientos, en su conjunto, han sido vistos por grupos opositores como una estrategia destinada a debilitar la independencia del CNE y facilitar su eventual dominio político.
Riesgos de concentración de poder en el órgano electoral
La eventualidad de que los suplentes del CNE, cercanos al partido oficialista, tomen el control en caso de que las consejeras actuales sean inhabilitadas, ha generado preocupación entre los actores políticos, quienes opinan que tal reemplazo comprometería la diversidad del organismo electoral. Desde el Congreso Nacional y foros de debate, se ha señalado que un CNE sin equilibrio amenazaría la neutralidad del proceso electoral.
Ciertas personas han pedido que entidades internacionales intervengan para supervisar las decisiones institucionales vinculadas al procedimiento y asegurar condiciones justas de competencia. Además, se ha señalado un supuesto uso estratégico de otras instituciones del Estado, como el Ministerio Público y el Poder Legislativo, para alinear al CNE con los intereses del gobierno.
Dichas tensiones han provocado que diferentes sectores pidan el fortalecimiento de los mecanismos de supervisión y monitoreo electoral, ante lo que perciben como una creciente amenaza a la integridad del proceso democrático.
Señalamientos sobre información falsa y manipulación de votantes
Un aspecto adicional de crítica hacia LIBRE está relacionado con la publicación de encuestas que se consideran engañosas o manipuladas, mostrando una gran ventaja de la precandidata oficialista Rixi Moncada. Diversas de estas encuestas han sido desmentidas por las propias empresas de sondeo, que han denunciado el uso inapropiado de sus nombres y técnicas.
La difusión de estas encuestas se ha entendido como un esfuerzo para influir en la opinión pública e introducir la noción de una victoria segura, lo que, según grupos opositores, intenta influenciar el resultado electoral y cuestionar la validez de una posible derrota. Estas acciones han ayudado a aumentar la desconfianza que envuelve al proceso electoral.
En un escenario ya caracterizado por el deterioro del diálogo político y la polarización institucional, la difusión de información falsa se ha transformado en un elemento adicional de inestabilidad, con posibles consecuencias en la participación ciudadana y la aceptación de los resultados.
Una situación preelectoral caracterizada por la falta de confianza
La combinación de bloqueos institucionales, disputas por el control del CNE y campañas de desinformación ha colocado al proceso electoral hondureño en una situación de alta fragilidad. Las advertencias sobre una posible crisis de gobernabilidad reflejan la profundidad de las tensiones políticas en un contexto donde la institucionalidad se encuentra bajo presión y los canales de consenso permanecen cerrados.
En menos de cinco meses para las elecciones generales, el entorno presenta obstáculos significativos para la confianza en el sistema electoral y la estabilidad nacional. En esta situación, la atención se centra en la habilidad de los actores políticos e institucionales para restablecer las condiciones mínimas de confianza y garantizar un proceso electoral legítimo y transparente.
