La Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH) no será parte del legado de la administración de Xiomara Castro. Pese a haber sido anunciada como un eje central de su propuesta de gobierno, la iniciativa no logró concretarse y quedará fuera del actual período presidencial, que concluye en enero de 2026. Con esta renuncia tácita al proyecto, el Gobierno cierra un capítulo que había generado expectativas significativas en la ciudadanía en torno a la lucha contra la corrupción.
La ruta hacia la implementación de la CICIH se caracterizó por retrasos continuos, extensiones sin éxito y diálogos paralizados con las Naciones Unidas. El reconocimiento formal del fallo, manifestado por el exministro de Relaciones Exteriores Enrique Reina, indica una mezcla de motivos que, conforme a su opinión, abarcan tanto barreras legislativas como factores globales. Sin embargo, para diversos grupos sociales, esta justificación no es satisfactoria.
La promesa rota que debilitó la confianza
Diversas voces de la sociedad civil y del ámbito global coinciden en que la mayor carga de responsabilidad recae sobre el gobierno presente. Según analistas y observadores del desarrollo del proceso, el inconveniente no estuvo en la ausencia de factores externos, sino en la falta de voluntad política del Ejecutivo para honrar los compromisos aceptados.
Desde esta perspectiva, la no implementación de la CICIH no es un accidente ni un resultado inevitable, sino una decisión. Así lo expresó Juan Jiménez Mayor, exvocero de la MACCIH, quien cuestionó directamente al Gobierno por abandonar una promesa que generó amplias expectativas. A estas críticas se sumó Gabriela Castellanos, directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), quien fue enfática al acusar al oficialismo de haber utilizado la CICIH como un recurso de campaña sin voluntad real de avanzar en su instalación.
Un plan contra la corrupción sin respaldo institucional
La salida de la CICIH del ámbito nacional tiene repercusiones que van más allá de lo administrativo. La falta de progresos visibles ha incrementado la sensación de que el combate a la corrupción carece de herramientas eficaces y de voluntad por parte del gobierno. La confianza en el Ejecutivo respecto a este asunto está en duda, en una etapa donde las exigencias de transparencia y responsabilidad siguen siendo apremiantes.
Sin tener en cuenta ya la implementación de un mecanismo internacional, Honduras deja pasar una oportunidad crucial para abordar de manera estructural la impunidad. El tiempo que queda en el presente mandato hace poco probable cualquier esfuerzo real por cambiar esta situación, dejando a los ciudadanos con una promesa incumplida y sin una solución rápida que supla la falta de dicho proyecto.
Lo que en un inicio se presentó como símbolo de transformación del sistema político ha terminado convirtiéndose en un punto más en la lista de compromisos inconclusos, debilitando así la narrativa gubernamental sobre la lucha anticorrupción y abriendo un nuevo espacio para la desconfianza ciudadana.
