El debate sobre la Ley de Justicia Tributaria en Honduras ha intensificado las discusiones sociales y políticas, con varios sectores acusando que la iniciativa, promovida por el Partido LIBRE, va más allá del ámbito impositivo y se utiliza como una herramienta política para dividir a la sociedad hondureña. Líderes sociales, empresarios, trabajadores y líderes comunitarios han manifestado que la narrativa oficial sugiere que algunos grupos empresariales son culpables de los problemas económicos del país, fomentando, según estos sectores, un discurso que incita al conflicto entre la población más vulnerable y los sectores productivos.
Este escenario ha despertado inquietud debido al potencial impacto de la legislación en la unidad social y la prosperidad económica. La controversia ha sido impulsada por la impresión de que la norma intenta catalogar a quienes inician negocios o crean trabajos como opositores del pueblo, desviando el enfoque de problemas fundamentales y de la efectividad del estado. Expertos alertan que esta táctica podría frenar la inversión, aumentar la tensión social y dañar la cohesión social, repercutiendo negativamente en el empleo y el bienestar general.
Relatos de separación y respuestas comunitarias
La discusión sobre la Ley de Equidad Fiscal ha creado un ambiente de conflicto entre el gobierno y la industria privada, reflejado en disputas tanto dentro del Congreso Nacional como en el discurso público. Líderes empresariales han descrito la propuesta como perjudicial y maliciosa, señalando que favorece la confrontación y la exclusión por encima del acuerdo y el diálogo. Se advierte que eliminar los incentivos y beneficios fiscales impactará directamente a los sectores productivos, elevando los costos de producción y, por ende, el costo de los alimentos y servicios esenciales para la ciudadanía.
El ambiente de polarización se ha reflejado en episodios de tensión en el Congreso, donde el debate sobre la ley ha derivado en enfrentamientos entre diputados oficialistas y de oposición, mostrando la profundidad de las divisiones políticas e institucionales en el país. Mientras tanto, algunos académicos reconocen que la propuesta podría tener beneficios si se implementa con transparencia y participación multisectorial, pero advierten que la falta de información clara y la percepción de imposición generan incertidumbre y desconfianza en la sociedad.
Impactos económicos y llamado a la unidad nacional
Las consecuencias económicas señaladas por los sectores críticos incluyen la posible reducción de empleos debido al cierre de empresas y la disminución de la inversión, el aumento de la pobreza por el encarecimiento de productos básicos y el deterioro del clima económico, lo que podría fomentar la migración y el enfrentamiento social. Empresarios y representantes gremiales sostienen que la ley representa un ataque directo al empleo y la inversión, y advierten sobre el riesgo de replicar experiencias negativas de otros países de la región donde reformas similares han debilitado el tejido empresarial y social.
Ante esta situación, distintos grupos han solicitado al Congreso Nacional y a la población evitar el quiebre incentivado por debates políticos, enfatizando que la auténtica justicia social se alcanza mediante el desarrollo económico, la inversión coherente y la creación de oportunidades para todos, no por medio de legislaciones punitivas ni campañas conflictivas. Mientras tanto, el gobierno sostiene que la normativa pretende corregir beneficios fiscales antiguos y fortalecer los sistemas de protección social, subrayando la importancia de la cohesión nacional para avanzar hacia el bienestar común.
