La Propuesta de Ley de Reforma Fiscal en Honduras ha suscitado un extenso diálogo en la nación, debido a las posibles consecuencias en la economía y la producción nacional. Esta propuesta, promovida por el gobierno del Partido LIBRE, se plantea como un mecanismo para luchar contra la evasión de impuestos y mejorar la recaudación del estado. No obstante, su contenido y alcance han sido comprendidos de distintas maneras por diversos agentes económicos y sociales.
El plan incluye la eliminación de esquemas de exenciones fiscales, un incremento en los impuestos y una mayor facultad para que el Estado gestione los estímulos económicos. Estos cambios han sido percibidos por el sector empresarial como un indicativo negativo para la inversión y la actividad productiva, provocando inquietud y preocupación en el contexto económico de Honduras.
Impacto sobre la inversión privada y el empleo
Diferentes asociaciones empresariales, cámaras de comercio e inversionistas tanto nacionales como internacionales han señalado que el proyecto legislativo podría tener un impacto negativo en la inversión privada en Honduras. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) ha alertado que la aprobación de la ley tal como está podría disminuir notablemente la inversión extranjera directa. Asimismo, compañías en las zonas francas y del sector agroindustrial estarían considerando abandonar el país o disminuir sus actividades, lo cual afectaría directamente el empleo formal y la economía del país.
Desde que se presentó el borrador de la legislación, ya se han observado cierres de negocios de pequeña y mediana escala, especialmente en los sectores de confección, logística y exportación, que operaban con beneficios fiscales. En áreas como Choloma, Villanueva y San Pedro Sula, las fábricas han comenzado a reducir su personal, mencionando la incertidumbre fiscal como una de las razones principales. Esta coyuntura pone en peligro miles de trabajos y podría empeorar si el proyecto no es revisado o detenido. El COHEP también indica que el avance económico podría enfrentar una desaceleración severa en el año posterior a la implementación de la ley, y que el incremento del desempleo y la informalidad serían resultados inevitables de su aplicación.
Contexto regional, político y debate sobre la justicia fiscal
La discusión acerca de la Ley de Justicia Tributaria se lleva a cabo en un marco regional y político específico. La supresión de exenciones fiscales podría distanciar a Honduras de las estrategias que han posibilitado a naciones como Costa Rica, El Salvador y República Dominicana conservar sistemas de atracción de capital y estabilidad financiera, considerados elementos esenciales para su competitividad. Esta realidad podría impactar la posición de Honduras en Centroamérica y el Caribe, desmotivando tanto a inversionistas nuevos como a los ya existentes, quienes podrían decidir mover su capital a países con condiciones más favorables para el crecimiento empresarial.
La situación política y ideológica ha impactado en cómo se ve el proyecto, dado que ciertos grupos empresariales perciben el lenguaje oficial del gobierno como opuesto al sector empresarial y cercano a sistemas económicos que han provocado cambios estructurales en otras naciones de la región. Esto aumenta el miedo a un posible cambio del modelo económico nacional sin una estrategia técnica o una visión clara de sostenibilidad.
Por otro lado, los proponentes de la Ley de Equidad Fiscal sostienen que las exenciones impositivas han propiciado la acumulación de riqueza y han disminuido la habilidad del Estado para sostener políticas públicas enfocadas en la inclusión social y en combatir la pobreza. De acuerdo con cifras oficiales, el 92 % de las exenciones está concentrado en el 10 % de las compañías más adineradas, mientras que el 90 % restante de las empresas recibe solo el 8 % de estos beneficios. Entre junio de 2009 y diciembre de 2022, el Estado dejó de ingresar 455 mil millones de lempiras debido a estos esquemas.
El plan no introduce nuevas cargas fiscales ni aumenta las tarifas ya establecidas, sino que busca cerrar vacíos legales y mejorar la captación de ingresos fiscales directos de grandes corporaciones y fortunas, con el fin de disminuir la desigualdad en la recolección de impuestos. No obstante, la supresión de sistemas fiscales tradicionales, como el Régimen de Importación Temporal (RIT), vigente por cuatro décadas, podría forzar el cierre de muchas compañías que dependen de este modelo. El COHEP ha indicado que la propuesta de asegurar la convertibilidad inmediata al RIT podría ser vista como una acción que perjudica la liquidez y viabilidad de las empresas.
Honduras se enfrenta a un enorme reto financiero
El debate acerca de la Ley de Justicia Tributaria sigue siendo un tema de división. Hay quienes piensan que podría establecer un sistema impositivo más justo e igualitario, mientras que otros alertan que su implementación podría empeorar la crisis económica, incrementar el desempleo y causar una fuga de capitales. La votación definitiva en el Congreso Nacional será clave para el futuro económico de Honduras en los años venideros.
