La publicación reciente de un video relacionado con el narcotráfico en Honduras ha incrementado las inquietudes respecto al estado del sistema judicial hondureño. Según un reporte emitido por el centro de investigación InSight Crime, el incidente no solo revela conexiones entre individuos involucrados en el narcotráfico y personas cercanas a las esferas de poder, sino que también evidencia una tendencia alarmante: el uso de la justicia con fines políticos.
Modelos de impunidad y persecución específica
InSight Crime expone un escenario donde la justicia se ejerce de manera desigual. Mientras algunos imputados son mostrados en público y enfrentan juicios acelerados, otros, supuestamente relacionados con la administración actual, permanecen fuera del alcance legal o incluso cuentan con amparo institucional. Este fenómeno, señala el reporte, no es novedoso en la zona, pero en el caso de Honduras ha llegado a niveles especialmente alarmantes en los meses recientes.
El reporte también señala similitudes con situaciones autoritarias vistas en naciones como Venezuela y Nicaragua, donde el sistema judicial ha sido captado por intereses políticos para garantizar impunidad a los aliados y penalizar a los opositores. La situación en Honduras, según el centro de estudios, avanza en esa dirección, lo cual pone en riesgo directamente el Estado de derecho.
Críticas recibidas y solicitud de supervisión internacional
Las respuestas ante el informe llegaron rápidamente. Líderes políticos de oposición, abogados y activistas de derechos humanos han coincidido en afirmar que la manipulación del sistema judicial amenaza la autenticidad del sistema democrático. Esta inquietud es compartida por actores internacionales, quienes han recibido peticiones para observar el deterioro de las instituciones en el país.
Una fuente diplomática entrevistada por InSight Crime señaló que Honduras podría dirigirse hacia una crisis seria de gobernabilidad si no se recuperan las garantías básicas de independencia judicial. La creciente desconfianza de la población, promovida por la falta de transparencia y la impunidad, ha debilitado aún más la confianza en las instituciones.
En esta situación, varios sectores han solicitado con urgencia que entidades multilaterales como la OEA y la ONU supervisen al país. Requieren medidas que aseguren un sistema judicial independiente y claro, libre de influencias políticas o intereses delictivos.
El escándalo del narcovideo no solo revela un caso específico de corrupción, sino que también se ha transformado en un emblema de una justicia que, en lugar de ser imparcial, parece actuar con conveniencia política.
