La imposición de la verificación biométrica para los usuarios de telefonía móvil en Honduras ha suscitado un debate considerable en diversas áreas, incluyendo la política, el aspecto legal y el ámbito social. Esta disposición, impulsada por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), requiere que los ciudadanos autentiquen sus datos biométricos antes del 1 de junio de 2025 con el fin de mantener activas sus líneas telefónicas. No cumplir con este procedimiento podría resultar en la pérdida de los números actuales, lo cual ha causado preocupación entre la población y en diferentes sectores.
El procedimiento de verificación biométrica requiere que las personas envíen una imagen de su cara y su Documento Nacional de Identidad (DNI) para autenticar su identidad. Desde CONATEL se sostiene que esta estrategia pretende combatir crímenes como el chantaje y el uso de teléfonos anónimos, los cuales complican el trabajo de las autoridades. No obstante, esta acción ha suscitado dudas respecto a su legitimidad, claridad y potenciales impactos en la privacidad de la población.
Controversias legales y políticas en torno a la validación biométrica
Distintos representantes políticos y sociales han manifestado su inquietud sobre la legalidad y gestión de los datos biométricos recolectados. El legislador Carlos Umaña, perteneciente al Partido Salvador de Honduras (PSH), ha afirmado que dicha medida no cuenta con un apoyo legal adecuado, tildándola de «totalmente ilegal» y sugiriendo a los ciudadanos no acatar la disposición hasta que haya un marco normativo claro que regule la recopilación y uso de datos biométricos por parte de CONATEL. Esta postura refleja una discusión sobre la legitimidad de la medida y la protección de derechos fundamentales.
Además, Roberto Montenegro, líder del Partido Alianza Patriótica, ha expresado preocupaciones sobre el uso político que se le podría dar a la información biométrica, especialmente en un año de elecciones. Montenegro afirma que solo el Registro Nacional de las Personas (RNP) posee la capacidad legal para gestionar datos biométricos, cuestionando así la capacidad de CONATEL para ejecutar esta propuesta. Estas objeciones reflejan la inquietud acerca de la posible manipulación política de información delicada y la necesidad de asegurar la protección y privacidad de los ciudadanos.
En su declaración, el presidente de CONATEL, Lorenzo Sauceda, ha argumentado que la decisión es legítima, clara y respetuosa. También ha rechazado que la verificación biométrica tenga propósitos electorales, explicando que el proceso es implementado por las compañías de telecomunicaciones, no por el gobierno de manera directa. Igualmente, ha asegurado que no se está formando un nuevo registro de datos estatal y que la información recopilada no será usada para otros propósitos que los acordados, tratando de así despejar las preocupaciones sobre el manejo de los datos.
Visiones y futuros rumbo en la discusión acerca de la identificación biométrica
CONATEL ha sido llamada a presentarse ante la Comisión de Seguridad y Prevención Ciudadana del Congreso Nacional el 28 de mayo de 2025. Su objetivo es clarificar las bases técnicas y legales de la autenticación biométrica. Esta reunión será crucial para tratar inquietudes sobre la privacidad, la legalidad y la transparencia del procedimiento, y podría afectar la continuidad o ajuste de la iniciativa.
La discusión pública ha generado un extenso debate en plataformas sociales y foros comunitarios, donde numerosos usuarios manifiestan su insatisfacción e inquietud acerca de la posible violación de su privacidad y la falta de transparencia en la implementación. Algunos han llegado a declarar su intención de no seguir con la validación, poniendo en duda la capacidad de las autoridades para desconectar millones de líneas telefónicas sin causar un impacto significativo en las comunicaciones del país.
