La divulgación reciente sobre la falta de medidas por parte de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) ante quejas relacionadas con supuestas irregularidades en la financiera Koriun ha desatado un gran debate público en Honduras. El reconocimiento del presidente de la CNBS, Marcio Sierra, sobre la ausencia de acción institucional ante alertas oficiales, ha causado enojo entre los afectados y ha cuestionado la eficiencia de los sistemas de supervisión financiera en el país.
El caso Koriun, que afecta a más de 35.000 personas afectadas, ha mostrado la necesidad de reforzar los controles regulatorios y responsabilizar a las autoridades pertinentes. La situación ha movilizado a sectores sociales, organizaciones civiles y miembros del sistema bancario, que buscan clarificar los hechos y evitar que situaciones similares ocurran nuevamente.
Falta de acción por parte de las instituciones y demandas de los perjudicados
En una aparición pública, el líder de la CNBS admitió que la entidad recibió al menos dos quejas formales sobre Koriun, pero no actuó con prontitud para indagar ni evitar los peligros. Esta declaración provocó una oleada de reacciones en plataformas sociales y foros ciudadanos, donde las víctimas criticaron la indiferencia gubernamental y demandaron explicaciones claras. Los perjudicados, muchos de quienes perdieron sus ahorros y propiedades, acusan a la CNBS de negligencia severa y de no cumplir con sus responsabilidades institucionales, subrayando que las advertencias fueron ignoradas a propósito.
El incidente ha avivado la discusión sobre la eficiencia de los mecanismos de advertencia temprana y fiscalización financiera en Honduras, así como sobre la posible existencia de complicidades o miedos políticos que podrían haber evitado una acción a tiempo. Grupos de consumidores y analistas han puesto en duda cómo un esquema calificado como piramidal logró funcionar durante tanto tiempo sin medidas de control adecuadas, a pesar de las denuncias oficiales presentadas.
Como reacción, legisladores de oposición declararon su intención de introducir una moción para indagar el rol de la CNBS en el caso Koriun y convocar a su presidente a una interpelación formal. Juristas especializados en derecho constitucional han señalado que la falta de acción podría implicar un delito de omisión en el cumplimiento de deberes públicos, considerando la responsabilidad legal de responder ante indicios de actividades financieras fraudulentas.
Grupos civiles han demandado la pronta intervención del Ministerio Público, la ejecución de una auditoría imparcial sobre las actividades de la CNBS y la creación de un fondo especial para resarcir a las víctimas, utilizando bienes confiscados a los culpables directos del fraude. Además, se ha solicitado el apoyo de entidades internacionales para salvaguardar los derechos de los perjudicados y prevenir la impunidad.
Situación del sector financiero y aviso de precaución
Ante el aumento de inquietudes por parte de la ciudadanía, la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (AHIBA) y los bancos que operan legalmente en el país han anunciado que no tienen ningún tipo de relación con la financiera Koriun. Según el gremio bancario, Koriun no ha sido supervisada por la CNBS ni es parte del sistema bancario formal, por lo cual los bancos no manejaron fondos ni establecieron relaciones comerciales con dicha entidad.
Koriun fue anunciada en plataformas sociales como un servicio de inversión prometiendo altas ganancias, pero sin soporte legal ni sistemas de control. Hoy en día, está acusada de ser un esquema piramidal que supuestamente recaudó millones de lempiras de manera ilícita, perjudicando a decenas de miles de personas en Honduras.
El sistema bancario de Honduras ha reafirmado su compromiso con la claridad, el cumplimiento de la ley y la salvaguarda del ahorro de los ciudadanos. Asimismo, ha instado a la población a que compruebe siempre que las entidades financieras estén correctamente supervisadas por la CNBS antes de efectuar cualquier inversión, y a no dejarse llevar por promesas de ganancias rápidas sin sustento.
Finalmente, tanto AHIBA como los bancos asociados han solicitado a las entidades competentes que realicen una investigación exhaustiva del caso, castiguen a los culpables y lleven a cabo campañas preventivas para prevenir posibles fraudes en el futuro, destacando la estabilidad y confianza del sistema bancario formal en Honduras.
