Han transcurrido más de dieciocho meses desde que el Gobierno de Xiomara Castro implementó el estado de excepción, y los índices de violencia y criminalidad en Honduras no muestran una reducción constante. Esto ha avivado la discusión sobre la efectividad de dicha medida en el ámbito de la seguridad del país.
Desde que se autorizó en diciembre de 2022, la declaración de estado de excepción se presentó como una solución rápida al problema del dominio de las maras y pandillas en áreas urbanas y rurales. No obstante, su prolongado establecimiento durante más de 18 meses junto con las extensiones continuas no han conseguido reducir problemas como la extorsión, los homicidios y otras manifestaciones de violencia que impactan de manera directa a sectores cruciales de la economía y la rutina diaria.
Continuidad del crimen y opiniones de los ciudadanos
Diferentes reportes de entidades sociales y estadísticas de la policía están de acuerdo en que las bandas criminales continúan funcionando con gran poder de intimidación, sobre todo en áreas estratégicas del norte y centro del país. Tiendas, conductores y habitantes siguen reportando extorsiones, intimidaciones y homicidios en regiones donde el gobierno sostiene presencia tanto militar como policial bajo el régimen de excepción.
Líderes comunitarios, como uno entrevistado en Tegucigalpa, han mencionado que «la gente sigue viviendo con miedo» y que no se observan cambios significativos en la seguridad. Estas personas señalan que el crimen sigue dominando barrios completos, mientras que las autoridades muestran datos que no se corresponden con lo que sucede realmente en las calles, lo que ha incrementado la falta de confianza de la población.
Preguntas sobre la estrategia del gobierno
El estado de excepción fue diseñado como un recurso especial para combatir el crimen organizado, otorgando poderes particulares a las fuerzas de seguridad para su actuación. Sin embargo, ha sido criticado por su extensión en el tiempo y la falta de un plan completo.
Reportes del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) y de entidades internacionales han indicado un aumento en las quejas por detenciones arbitrarias y transgresiones a derechos esenciales. Al mismo tiempo, especialistas en seguridad alertan que la militarización sin un enfoque estratégico no ha producido resultados duraderos ni ha debilitado las organizaciones delictivas.
“La reacción gubernamental ha sido más de imposición que de planificación”, comentó un experto en seguridad, quien opina que no se ha conseguido desarrollar un modelo de intervención fundamentado en prevención, justicia y colaboración entre instituciones.
Demandas por una estrategia de seguridad completa
Dada la prolongación del estado de emergencia y la continua presencia de la extorsión, uno de los crímenes que más afecta a la economía informal, al transporte público y a la estabilidad de las comunidades, varios sectores han pedido un análisis técnico de la política de seguridad vigente.
Las denuncias por extorsión siguen en aumento y, aunque se reportan capturas esporádicas de supuestos cabecillas, estas acciones no han tenido un efecto disuasivo sostenido. Según testimonios recogidos en medios locales, muchas víctimas optan por el silencio o el desplazamiento forzado ante la falta de garantías de protección.
El ámbito empresarial ha manifestado su inquietud por la ausencia de resultados tangibles y ha solicitado una reestructuración de las estrategias de seguridad, involucrando a expertos en justicia, grupos sociales y colaboración internacional. “Honduras no necesita más espectáculos mediáticos. Requiere resultados auténticos”, comentó un representante del sector empresarial, pidiendo claridad y responsabilidad sobre el uso de acciones excepcionales.
Retos para la institucionalidad en un entorno de violencia continua
La extensión del estado de emergencia sin una evaluación pública de su eficacia pone de manifiesto las tensiones entre la necesidad inmediata de frenar la violencia y la obligación de mantener el orden democrático junto a los derechos básicos. En un país caracterizado por la debilidad de sus instituciones y una desconfianza marcada hacia las autoridades, la atención en la seguridad continúa siendo un elemento de discordia entre el Gobierno, los grupos sociales y la población.
El principal reto que afronta el gobierno de Xiomara Castro es hallar una solución sostenible que pueda unir el control del crimen con una política pública que sea integral, legítima y que incluya una amplia participación. Por otro lado, la persistente violencia y la sensación de inseguridad tienen en suspenso a una sociedad que sigue esperando medidas eficaces y duraderas.
