En Honduras, la declaración de estado de excepción ha generado una intensa polémica recientemente. La diputada Maribel Espinoza, quien forma parte de la oposición, ha manifestado su preocupación por la dirección en que se ha efectuado esta medida, la cual fue inicialmente concebida para enfrentar la delincuencia. Según sus afirmaciones, el régimen se está aplicando de tal forma que cuestiona las garantías constitucionales y podría utilizarse como herramienta para perseguir a los sectores críticos del gobierno.
Espinoza señaló que algunas medidas realizadas bajo la protección del estado de excepción violan derechos de las personas. Como ejemplo, mencionó la entrada sin orden judicial a la casa del general retirado Romeo Vásquez Velásquez, un acontecimiento que, según indicó, demuestra el uso arbitrario del poder y la ausencia de controles por parte de las instituciones. Para la legisladora, este tipo de actividades podría volverse una preocupación por la aceptación de prácticas autoritarias si no se establecen límites claros al decreto en efecto.
Críticas al Ministerio Público y riesgos jurídicos
La diputada igualmente criticó cómo se está desempeñando el Ministerio Público, al opinar que no está asegurando equidad ni cumplimiento del debido proceso al implementar las acciones extraordinarias. Según su percepción, esto provoca una situación de inseguridad jurídica que impacta no solo a personas de renombre, sino a cualquier individuo susceptible a resoluciones caprichosas.
Considerando el contexto actual, Espinoza exhortó al Congreso Nacional a examinar de manera exhaustiva la validez de continuar con el estado de excepción, utilizando como único criterio las responsabilidades por las que fueron escogidos mediante el sufragio y no sus filiaciones partidistas. Manifestó que prolongar esta disposición podría responder a intereses políticos que intentan fortalecer el control del gobierno al restringir las libertades civiles. Asimismo, subrayó que la seguridad pública no debe ser justificación para minar el Estado de derecho ni para limitar la participación democrática.
Respuestas en el Congreso Nacional y discusión sobre la continuidad
Las objeciones de Espinoza se unen a opiniones de distintos ámbitos que piden más claridad en la implementación de esta política. A pesar de haberse creado como una solución ante la violencia, aumenta la percepción de que está siendo utilizada para acallar la disidencia. La discusión sobre su permanencia continúa en el Congreso y dentro de la sociedad civil, donde se busca un equilibrio entre la seguridad y el respeto a los derechos fundamentales.
