En Honduras, ha surgido un gran debate a raíz del caso de Koriun Inversiones, después de que se descubriera un esquema Ponzi que perjudicó a más de 35,000 personas. La acusación pública realizada por el diputado Edgardo «Chele» Castro ha centrado la atención en la posible protección política y judicial que facilitó el funcionamiento anómalo de la compañía.
La acción de los organismos reguladores, la captura de recursos y la respuesta de los inversionistas han puesto de manifiesto una pérdida de confianza en el sistema financiero del país. La investigación sigue su curso, mientras se plantean dudas sobre la responsabilidad de los servidores públicos y la eficacia de las herramientas de supervisión.
Fraude tipo Ponzi y operaciones anómalas de Koriun Inversiones
Koriun Inversiones funcionaba mediante un esquema Ponzi, que se basa en utilizar fondos de nuevos aportantes para abonar rendimientos a los más antiguos, sin obtener beneficios genuinos. La compañía garantizaba un retorno del 5 % semanal, lo cual representaba un 20 % mensual, prometiendo a los inversores la devolución de su capital en un plazo de cinco meses. No obstante, la viabilidad del sistema requería la incorporación constante de nuevos participantes, lo que eventualmente resultó en su quiebre y en significativas pérdidas financieras para miles de personas.
La CNBS informó que Koriun Inversiones operaba sin permiso oficial para funcionar como entidad bancaria. En las visitas de revisión llevadas a cabo en varias oficinas y domicilios de responsables, se descubrió una considerable cantidad de dinero en metálico, guardada de manera no oficial en cajas y bolsas. Asimismo, se detectaron relevantes transacciones financieras, entre ellas la extracción de 400,000 dólares realizada por ciudadanos de Estados Unidos vinculados con el arranque del fraude en 2017.
Denuncias de protección política y crisis de confianza
El legislador Edgardo Castro indicó que la actividad de Koriun Inversiones fue viable debido al respaldo de personalidades políticas, fiscales y empleados gubernamentales. Castro criticó la ausencia de respuesta rápida de las entidades supervisoras y demandó una indagación profunda para establecer quiénes facilitaron o consintieron el engaño. Asimismo, se mencionó la intervención de alcaldes que promovieron la compañía y la pasividad de fiscales frente a advertencias iniciales.
El cierre de Koriun Inversiones generó manifestaciones por parte de los afectados, quienes demandaron la restitución de sus fondos y expresaron su preocupación por la posible pérdida de su capital. La CNBS ordenó asegurar los recursos y devolverlos a los inversionistas en la medida de lo posible, aunque se espera que el proceso sea complicado y extenso. Este caso ha revelado la fragilidad de los ciudadanos ante esquemas financieros sin regulación y la necesidad de mejorar los mecanismos de supervisión y protección en el sector financiero de Honduras.
