La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), diseñada como eje de la política social del actual gobierno, se ha convertido en el centro de una grave crisis política que compromete tanto la credibilidad del oficialismo como el futuro del proyecto político impulsado por la presidenta Xiomara Castro. La revelación de un presunto esquema de desvío de fondos públicos con fines partidarios ha detonado un escándalo que amenaza con socavar uno de los pilares discursivos del gobierno: la lucha contra la corrupción.
Acusaciones sobre el uso de recursos sociales con fines electorales
Las primeras averiguaciones, sostenidas por filtraciones y revisiones internas, señalan el uso indebido de fondos que debían ser para programas sociales, desviándolos hacia organizaciones relacionadas con el partido Libertad y Refundación (LIBRE). Un audio entre el exministro de SEDESOL, José Carlos Cardona, y la diputada del partido gobernante, Isis Cuéllar, mostró un acuerdo para enviar dinero a 23 entidades del partido mediante «kits millonarios». La grabación, hecha pública, ha sido vista como una prueba clara de la utilización de recursos estatales con propósitos políticos.
Los documentos oficiales registran pagos de hasta 163.000 lempiras otorgados a individuos con conexiones políticas, como legisladores, aspirantes, empleados administrativos y familiares de autoridades. La utilización genuina de estos recursos, teóricamente dirigidos a iniciativas de emprendimiento, ha sido cuestionada por entidades ciudadanas y grupos opositores, quienes acusan un desvío sistemático de los propósitos iniciales de la estrategia social.
Renuncia del ministro y problema institucional
En respuesta a la presión pública y al crecimiento del escándalo, José Carlos Cardona presentó su renuncia al frente de la Secretaría. Paralelamente, el Ministerio Público ha iniciado investigaciones sobre al menos 40 transacciones por un monto total de 4.7 millones de lempiras. Aunque el presupuesto aprobado para SEDESOL en 2024 ronda los 950 millones, las denuncias sobre falta de controles y transparencia en la ejecución presupuestaria han generado cuestionamientos más amplios sobre la institucionalidad de los programas sociales.
La presidenta Castro ha exigido auditorías inmediatas, pero desde dentro del propio oficialismo han surgido críticas. Sectores como el Frente Nacional de Resistencia Popular, una de las bases fundacionales del partido en el poder, han condenado lo que llaman un “reparto descarado” de recursos, alertando sobre la creación de una estructura paralela a la institucionalidad estatal. Estas tensiones internas reflejan una creciente desconfianza, incluso entre quienes respaldaron el proyecto de cambio promovido desde el año 2021.
Desgaste del capital político y peligro electoral
La situación actual plantea un desafío serio para la estabilidad del gobierno y su proyección hacia las elecciones de 2025. El uso de fondos públicos con fines proselitistas no solo ha impactado la imagen del Ejecutivo, sino que ha reactivado el debate sobre la integridad del sistema electoral hondureño. La fragmentación del Congreso y la tensión dentro del bloque oficialista dificultan cualquier intento de recomposición inmediata.
El asunto SEDESOL se enmarca en un panorama más amplio de insatisfacción social debido a la continuidad de prácticas asistencialistas y la ausencia de transparencia. El desánimo de la población contrasta con las expectativas creadas durante la campaña electoral que llevó a Xiomara Castro al poder, prometiendo la transformación del Estado y la eliminación de las estructuras corruptas del pasado.
Un reto para la gobernanza y la legitimidad en la democracia
La crisis en SEDESOL ha expuesto los límites del proyecto gubernamental frente a las prácticas políticas tradicionales. Aunque la presidenta ha insistido en su compromiso con la transparencia, el avance de las investigaciones determinará si las acciones oficiales logran contener el daño institucional o si, por el contrario, refuerzan la percepción de continuidad en la impunidad.
A menos de un año del inicio del calendario electoral, el oficialismo enfrenta el reto de sostener su legitimidad ante una ciudadanía que exige respuestas más allá de auditorías simbólicas. El caso también plantea interrogantes sobre el papel de los mecanismos de control y fiscalización dentro del Estado, así como sobre la capacidad del sistema político para procesar conflictos de esta magnitud sin recurrir a salidas excepcionales.
El escándalo en la Secretaría de Desarrollo Social deja en evidencia una fractura dentro del aparato de gobierno, cuya resolución podría marcar el rumbo del proceso electoral y del proyecto político que llegó al poder con la promesa de una transformación profunda del país.
