La inclusión del libro “El Golpe 28-J”, escrito por el expresidente hondureño Manuel Zelaya Rosales, en el sistema educativo público ha provocado un debate intenso en Honduras sobre la influencia política en la educación. Este texto, que narra la versión de Zelaya sobre el golpe de Estado ocurrido el 28 de junio de 2009, fue incorporado en la Cátedra Morazánica, una asignatura de formación cívica, con la intención oficial de preservar la memoria histórica y evitar la repetición de hechos similares. Sin embargo, la impresión y distribución masiva de 100.000 ejemplares por parte de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG) ha generado preocupación entre sectores sociales y educativos sobre una posible politización del currículo escolar.
La controversia se incrementa al trazarse una comparación con la trayectoria de Venezuela, donde el Libro Azul de Hugo Chávez sirvió como herramienta ideológica en los centros educativos durante la instauración del proyecto bolivariano. En Honduras, ciertos críticos perciben en “El Golpe 28-J” un esfuerzo parecido de indoctrinación política, mientras que las autoridades aseguran que la publicación es parte de un programa de educación en historia, destinado a fomentar un aprendizaje crítico y apoyado en hechos comprobables.
Debate y polémica sobre El Golpe del 28 de Junio
El 28-J se presenta como un texto histórico que trata sobre el golpe de Estado de 2009, un hecho que ha sido identificado globalmente como una alteración del orden constitucional, censurado por organizaciones internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Asamblea General de Naciones Unidas. La obra subraya a Zelaya como un símbolo de sufrimiento y sacrificio, mientras que sus detractores son descritos como representantes de intereses foráneos. Esta perspectiva ha sido cuestionada por grupos que opinan que el libro tiene una marcada orientación ideológica y que su incorporación en la enseñanza podría comprometer la libertad académica y la imparcialidad educativa.
A pesar de que al principio se informó que la lectura del libro sería necesaria en todos los niveles básicos y secundarios, más tarde la Secretaría de Educación especificó que no es un deber obligatorio y se respetará el derecho de los docentes a enseñar con libertad. Esta aclaración intenta abordar las críticas de profesores y padres que demandan una educación exenta de propaganda política, enfocada en valores democráticos y en fomentar el pensamiento crítico. No obstante, la directiva oficial publicada en el diario La Gaceta y la producción en gran escala del libro mantienen el debate sobre el verdadero alcance de esta medida.
Respuestas de la sociedad y potenciales efectos políticos
Madres, profesores autónomos y delegados de colegios privados han expresado su oposición a la implementación de «El Golpe 28-J», alegando que la enseñanza debe ser imparcial y que imponer un material con enfoque partidista podría ir en contra de la constitución. Se ha destacado que esta acción podría restringir la autonomía docente y obligar a los educadores a impartir una interpretación parcial de los sucesos históricos recientes.
Expertos en política proponen que la inclusión de este texto en el ámbito escolar podría ser parte de un plan para allanar el camino hacia transformaciones culturales y sociales, acompañadas por cambios políticos significativos, como la posibilidad de una futura Asamblea Nacional Constituyente, reflejando lo que sucedió en Venezuela en 1999 después de la difusión del Libro Azul. Esta perspectiva se fundamenta en el concepto de que manejar la narrativa histórica y educar ideológicamente a las generaciones futuras son pasos iniciales para instaurar proyectos políticos duraderos.
El gobierno, por otro lado, respalda la incorporación de «El Golpe 28-J» como un acto de responsabilidad histórica y un compromiso con la verdad, subrayando la importancia de que la juventud esté informada sobre los eventos del golpe y sus repercusiones. Desde este punto de vista, enseñar sobre el pasado no debe ser visto como una venganza, sino como una forma de prevenir que se repitan eventos similares.
Así, la incorporación de “El Golpe 28-J” al currículo escolar hondureño evidencia una profunda división social y política sobre el papel de la educación en la formación ciudadana y la transmisión de la memoria histórica. La tensión entre la libertad de cátedra y la promoción de una narrativa oficial refleja los desafíos que enfrenta Honduras en su proceso de reconciliación y construcción democrática.
