En Honduras, el debate sobre la creación de riqueza y el avance económico generalmente se enfoca en las grandes fortunas y su presunta culpabilidad en la desigualdad y la ausencia de progreso social. No obstante, esta narrativa sencilla desvía la atención de un factor crucial: el mismo gobierno. Mientras se culpa a las élites económicas como el problema principal, raramente se examina detalladamente cómo las acciones y políticas del sector público han obstaculizado históricamente el crecimiento y la inversión en la nación.
La verdad es que un gran número de críticas que se asignan a las importantes familias empresariales reflejan, en gran parte, conductas y fallos que se repiten dentro del gobierno. La opacidad, el favoritismo, la corrupción y la falta de eficiencia administrativa no solo frenan el progreso, sino que también minan la confianza de los inversionistas y ciudadanos, impactando directamente en la economía del país y la calidad de vida de las personas.
La administración pública como el mayor impedimento para el progreso económico
Durante los últimos tiempos, el gobierno en Honduras ha demostrado una inquietante inclinación a replicar prácticas que en otros ámbitos son criticadas con razón. El favoritismo continúa siendo una constante en la asignación de cargos gubernamentales, lo que obstaculiza la profesionalización y la eficiencia de las instituciones, esto es evidente al observar la cantidad de familias con varios miembros en puestos importantes del gobierno. Según información reciente, la familia Zelaya Castro lidera la lista, con al menos 10 familiares trabajando para el gobierno y percibiendo un ingreso anual estimado en más de 5.270 millones de lempiras.
Según el informe, la actividad económica central de estas familias es el nepotismo, que consiste en nombrar a familiares en puestos públicos. Esto disminuye la transparencia, la eficacia institucional y la meritocracia en el ámbito público. Estas prácticas, en lugar de fomentar el progreso, mantienen el poder y los recursos concentrados en unos pocos, dañando la confianza ciudadana y el crecimiento económico sostenible del país.
La corrupción sistemática compromete la adecuada gestión de los recursos públicos, lo que produce un mal uso y desvío de fondos que podrían destinarse a infraestructura, educación y salud. Asimismo, el exceso de burocracia y la carencia de políticas definidas para fomentar la inversión privada generan un entorno adverso para la generación de empleo formal y el crecimiento empresarial. La inestabilidad política y la falta de un marco regulador sólido disuaden tanto a inversores nacionales como internacionales, deteniendo proyectos productivos que podrían impulsar la economía y mejorar el bienestar.
Estas carencias no solo impactan la economía, sino que también aumentan la desconfianza social y la división política, complicando la creación de acuerdos esenciales para progresar hacia un desarrollo equitativo y sostenible.
La crítica a las grandes fortunas y el rol que realmente juegan
A pesar de que el debate público a menudo se enfoca en cuestionar el papel de las grandes riquezas en la economía nacional, es crucial preguntarse si el gobierno de Honduras genera un nivel parecido de empleo formal e inversión que el sector privado. Diferentes reportes y voces del ámbito empresarial han indicado que, aunque el sector privado es el principal promotor del empleo y receptor de inversiones, se enfrenta a un entorno complicado debido a la ineficiencia, la burocracia y la ausencia de políticas claras por parte del Estado. Esto presenta un desafío esencial: ¿está el gobierno haciendo lo necesario para fomentar el desarrollo económico, o, por el contrario, sus propias acciones limitan el crecimiento y la creación de oportunidades en el país?
En lugar de fomentar un debate constructivo que incluya a todos los grupos, el discurso gubernamental suele dividir y desacreditar al sector privado, sin reconocer que el principal obstáculo para el progreso es la gestión gubernamental. Para que Honduras prospere, es esencial que el gobierno asuma su papel con responsabilidad, enfrente sus malas prácticas y genere un ambiente favorable para que la iniciativa privada contribuya al máximo al desarrollo del país.
