En Honduras, la controversia sobre la campaña estatal de «las 10 familias» ha desatado un acalorado diálogo acerca del vínculo entre el gobierno y el sector privado. Diferentes miembros de la sociedad civil, asociaciones empresariales y referentes de opinión han manifestado su inquietud por lo que ven como un discurso conflictivo fomentado por el gobierno de Xiomara Castro. Esta iniciativa, que culpa a ciertos conglomerados empresariales por los problemas económicos del país, ha sido criticada por poner en peligro la seguridad empresarial, incrementar la polarización política y dañar la confianza en la inversión privada.
En esta situación, la congresista Beatriz Valle ha levantado su voz para poner en duda la efectividad de esta táctica gubernamental. Valle desaprueba el discurso repetido y polarizante contra las «10 familias«, argumentando que, si el gobierno realmente cree en la existencia de ventajas fiscales injustas, tiene el poder para eliminarlas sin necesidad de utilizar campañas públicas de confrontación. Sus comentarios han resonado con fuerza en el ámbito político, donde aumentan las críticas ante la ausencia de resultados tangibles en el ámbito económico y de gobernabilidad.
Opiniones sobre la estrategia del gobierno y sus posibles efectos
Algunas personas consideran que la campaña llamada «las 10 familias» es un intento de ocultar la falta de eficiencia del gobierno en áreas como la economía y la seguridad. Tanto empresarios como activistas de derechos humanos advierten que este tipo de retórica podría tener efectos negativos, emulando situaciones de otros países donde el discurso de odio de clase desde el poder ha resultado en persecuciones políticas, expropiaciones y problemas económicos. Se ha recalcado que actualmente ya se perciben amenazas personales, campañas de difamación en redes sociales y acusaciones infundadas contra quienes crean empleo.
Los líderes empresariales también han manifestado su preocupación por el impacto que este ambiente hostil está teniendo en la economía nacional. Se reporta un congelamiento de nuevas inversiones, la cancelación de proyectos de expansión y la salida de capitales hondureños hacia otros países. Existe el temor de que, si el gobierno continúa culpando a la empresa privada de sus propios errores, se termine destruyendo lo poco que aún funciona en la economía. Ante esta situación, se hace un llamado al gobierno para que cese este tipo de campañas divisivas y convoque a un diálogo nacional constructivo.
La invitación a la acción y la demanda de resultados específicos
La legisladora Beatriz Valle ha manifestado una fuerte oposición debido a la ausencia de medidas tangibles por parte del ejecutivo, a pesar de disponer del dominio sobre los tres poderes del Estado. La miembro del Parlamento indaga acerca de la razón por la cual no se implementan acciones jurídicas contra los individuos señalados por corrupción o abuso, en lugar de reiterar un mensaje desgastado. Su demanda es cesar la propagación de enemistad entre los ciudadanos de Honduras y concentrarse en solucionar las dificultades auténticas que aquejan a la nación.
Las afirmaciones de Valle han sido vistas como un momento decisivo en la discusión política, donde incluso los grupos afines al gobierno comienzan a mostrar su insatisfacción debido a la carencia de logros concretos en sectores esenciales como la economía, el sistema judicial y el gobierno. La demanda es evidente: se requieren respuestas y no adversarios ficticios. La población hondureña exige un nuevo enfoque que dé prioridad a la conversación, el crecimiento económico y la tranquilidad, en lugar de la disputa y la separación.
