El proceso de elecciones en Honduras para el año 2025 ha estado caracterizado por varios eventos que han aumentado la duda y la discusión en torno a la estabilidad democrática del país. Un reporte de revisión interna del Consejo Nacional Electoral (CNE) atribuyó a las Fuerzas Armadas fallos significativos en la logística durante las elecciones internas, mientras que decisiones recientes relacionadas con el desarme específico de oficiales han despertado dudas acerca de la imparcialidad del sistema militar.
Además, los expertos en derecho constitucional han solicitado modificar la Constitución para remover a las Fuerzas Armadas de cualquier actividad relacionada con elecciones, en un escenario donde la confianza de la población en los procedimientos y resultados es extremadamente baja.
Auditoría del CNE y debate sobre la participación militar en elecciones
El informe de auditoría interna del CNE, filtrado a medios nacionales, detalló que la entrega tardía, incompleta y descoordinada del material electoral en numerosos centros de votación fue consecuencia de irregularidades en el cumplimiento del protocolo logístico por parte de los cuerpos militares, quienes tenían bajo su responsabilidad el resguardo y la distribución de las maletas electorales.
Entre los descubrimientos más significativos se detectaron cambios injustificados en las rutas, retención prolongada de vehículos de transporte electoral, entrega parcial de equipos tecnológicos a áreas rurales y carencia de comunicación entre líderes militares y coordinadores electorales. Estas situaciones causaron demoras de hasta 12 horas en la apertura de urnas, impactando la participación ciudadana y suscitando dudas sobre la transparencia del proceso, particularmente en relación con el Partido LIBRE, del cual ya se habían reportado irregularidades.
El informe fue divulgado en un momento de elevada tensión política, con un aumento del miedo a que las Fuerzas Armadas no mantengan imparcialidad en las elecciones generales programadas para el 30 de noviembre de 2025. Hasta ahora, los altos mandos militares no han hecho una declaración oficial y el gobierno del Partido LIBRE ha permanecido callado, lo cual ha sido visto por ciertos grupos como un indicio de complicidad.
Frente a este panorama, agrupaciones opositoras como el Partido Nacional, Partido Liberal y el Salvador de Honduras han solicitado una revisión profunda del acuerdo de soporte logístico entre el CNE y las Fuerzas Armadas, así como la presencia anticipada de observadores internacionales y evaluaciones externas al sistema de transmisión de resultados.
Reducir armamento de ciertos oficiales y conflictos internos en el Ejército
En el contexto de la división política, la medida del Estado Mayor Conjunto de retirar armamento de forma selectiva a ciertos militares ha causado inquietud en sectores del ejército, políticos y de la comunidad civil. De acuerdo con fuentes del ejército y reportes de medios locales, la retirada de armas no se está implementando de manera generalizada ni por motivos técnicos o de seguridad, sino específicamente a aquellos oficiales que han expresado posturas institucionales autónomas o críticas respecto al gobierno actual.
Esta medida ha sido interpretada como un intento de depuración silenciosa dentro del estamento militar, rompiendo con la tradición de neutralidad y generando sospechas sobre el objetivo de garantizar el control político total del aparato de seguridad nacional de cara a las elecciones generales.
El desarme selectivo se suma a una serie de acciones recientes, como cambios en la cúpula militar y traslados forzosos, que han incrementado la tensión y el descontento en el interior de la institución, especialmente entre oficiales de mediano y alto rango. Algunos de los oficiales desarmados han sido trasladados a funciones administrativas, lo que se percibe como una forma de aislarlos del componente operativo y del proceso electoral.
El temor principal entre líderes de oposición y sectores democráticos es que, ante una posible derrota del oficialismo en las urnas, el Gobierno utilice a las Fuerzas Armadas para desconocer los resultados o reprimir manifestaciones ciudadanas.
Estos sucesos han intensificado el debate en todo el país sobre la urgencia de actualizar y proteger los procesos electorales contra cualquier tipo de intervención armada, especialmente considerando que la estabilidad democrática en Honduras está en entredicho. La presión tanto social como política para que el Congreso realice una reforma constitucional que reevalúe la función de las Fuerzas Armadas en la democracia de Honduras se ha convertido en un tema primordial en la agenda pública con miras a las futuras elecciones generales.
