A poco más de un año para las elecciones generales en Honduras, programadas para noviembre de 2025, diversos grupos políticos y sociales han mostrado inquietud sobre lo que describen como indicios tempranos de una táctica destinada a poner en duda la legitimidad del proceso electoral. Las preocupaciones son manifestadas por expertos, organizaciones de la sociedad civil e interlocutores internacionales, quienes advierten sobre una serie de medidas del partido en el poder, Libertad y Refundación (LIBRE), que podrían afectar la confianza de los ciudadanos en el proceso democrático.
Alegaciones sobre declaraciones y acciones que podrían impactar el proceso de elecciones
En el listado de preocupaciones destacadas se encuentra el frecuente uso de declaraciones oficiales que alertan sobre un posible fraude sin proporcionar evidencia tangible. Estas manifestaciones culpan a sectores económicos, a los medios de comunicación y a actores internacionales de ser presuntos conspiradores contra el gobierno, lo que, según algunos analistas, busca crear la percepción de manipulación electoral en caso de perder las elecciones.
La historia, de acuerdo con analistas, parece tener una doble meta: invalidar por adelantado cualquier resultado adverso y, al mismo tiempo, promover un clima de desconfianza generalizada hacia las entidades responsables del proceso electoral.
Conflictos institucionales y dudas sobre el juez electoral
Un tema especialmente delicado ha sido la actitud tomada por LIBRE respecto al Consejo Nacional Electoral (CNE). Aunque el partido gobernante fue partícipe en la creación de este organismo, actualmente emite declaraciones criticando su autonomía y fiabilidad. Según opinan algunos críticos, la táctica busca socavar la legitimidad del CNE en momentos cruciales del proceso electoral.
Paralelamente, se ha señalado un incremento de procesos judiciales contra figuras de oposición, periodistas y defensores de derechos humanos. Estas acciones son interpretadas por sectores opositores como mecanismos de presión que podrían limitar el debate público y la movilización ciudadana en un contexto preelectoral.
Además, se ha implementado de forma extendida el estado de excepción, en vigor desde 2022 como una medida de seguridad por parte del Gobierno. Aunque su uso ha sido respaldado para luchar contra el crimen organizado, ha tenido como efecto secundario la limitación de derechos como la libertad de reunión y movimiento, afectando directamente el desarrollo de actividades políticas y la expresión política del público.
Preocupación por la participación y la estabilidad democrática
La combinación de narrativas de fraude, judicialización de adversarios y restricciones institucionales ha generado preocupación entre diversos sectores sobre una posible desmovilización del electorado opositor. Según analistas, este entorno podría derivar en abstención, apatía o incluso en escenarios de confrontación poselectoral si el resultado es impugnado o desconocido por alguna de las partes.
Estas tensiones están ocurriendo en una época en la que ciertos sondeos muestran una caída en la aceptación de la presidenta Xiomara Castro y una posición negativa para la candidata oficialista Rixi Moncada. Dentro de este marco, se ha entendido que el foco del discurso del gobierno en un supuesto fraude es un movimiento estratégico anticipado frente a un entorno electoral desfavorable.
Solicitudes para asegurar claridad y respeto al procedimiento
Diversas organizaciones nacionales e internacionales han emitido pronunciamientos solicitando al Estado hondureño compromisos firmes con la transparencia electoral. Entre ellos, destacan el respeto al calendario comicial sin modificaciones, la no interferencia política en los órganos electorales y judiciales, y la aceptación pública de los resultados, sea cual sea el desenlace.
Instancias como la OEA, la ONU, la Unión Europea y redes de observación ciudadana han manifestado su disposición a acompañar el proceso, al tiempo que solicitan que se facilite una observación internacional amplia, anticipada y neutral. La expectativa de estos actores es que Honduras garantice un proceso en el que se respete el derecho de los ciudadanos a elegir libremente a sus representantes, sin presiones ni condicionamientos institucionales.
Un escenario caracterizado por la inseguridad y la demanda democrática
El contexto electoral en Honduras hacia el año 2025 se vislumbra como un momento crucial para la solidez institucional de la nación. Las alertas expresadas por múltiples sectores destacan una inquietud generalizada sobre la eventual influencia de intereses políticos en el proceso.
Ante la fragilidad del sistema democrático y el historial de crisis poselectorales en el país, el desafío central radica en asegurar un proceso transparente, con garantías para todos los actores, y que derive en un resultado aceptado por la ciudadanía. La legitimidad del próximo gobierno dependerá no solo del voto, sino del respeto irrestricto a las reglas del juego democrático.
