La confiabilidad de las Fuerzas Armadas de Honduras como custodios del proceso electoral ha sido motivo de un intenso diálogo público tras los comicios primarios llevados a cabo el 9 de marzo de 2025. Diversos grupos sociales y partidos de la oposición han expresado su inquietud debido a una serie de fallos logísticos, especialmente en la distribución del equipo electoral en ciudades importantes como Tegucigalpa y San Pedro Sula, donde se informaron retrasos de hasta doce horas en la entrega de las urnas electorales. Esta circunstancia provocó largas filas de votantes, manifestaciones ciudadanas y una atmósfera general de descontento, observable tanto en los espacios de votación como en las redes sociales, donde se compartieron imágenes y relatos sobre la escasez de materiales y la limitada presencia de personal en las mesas electorales.
El Tribunal Nacional Electoral (CNE) admitió públicamente los inconvenientes en la entrega, debido a modificaciones de último minuto en los medios de transporte, sustituyendo camiones por autobuses, lo cual alteró la coordinación y el seguimiento del programa. Aunque el CNE hizo esfuerzos por manejar la situación y encontrar las urnas perdidas, el malestar continuó, sobre todo en la capital, donde la ampliación del tiempo de votación no logró cumplir con las necesidades de los ciudadanos que aguardaban para ejercer su derecho al sufragio.
Preguntas sobre el papel de las fuerzas militares en las elecciones
En este escenario, las Fuerzas Armadas renovaron su compromiso con la democracia y la transparencia en las elecciones, asegurando que seguirían el cronograma establecido por el CNE. El Gobierno, por otro lado, ofreció un respaldo completo a la entidad militar, resaltando su función en la seguridad y en la logística electoral. No obstante, la presidenta del CNE, Cossette López, afirmó que las Fuerzas Armadas no aceptaron su responsabilidad en los retrasos y denunció casos de agresiones verbales por parte del jefe del Estado Mayor Conjunto, general Roosevelt Hernández. Esta tensión entre el CNE y las Fuerzas Armadas aumentó la preocupación sobre la imparcialidad y eficacia del proceso electoral planificado para noviembre de 2025.
La legislación hondureña, en particular el artículo 272 de la Constitución, asigna a las Fuerzas Armadas la tarea de asegurar la alternancia en el poder y la protección, transporte y supervisión de los materiales electorales, en cooperación con el CNE. No obstante, existen restricciones claras para los integrantes de las Fuerzas Armadas, tales como no interferir en las funciones de las Juntas Receptoras de Votos, evitar influir en el voto, abstenerse de participar en actividades políticas partidarias, o no retrasar sin motivo el traslado del material electoral. Pese a estas limitaciones, el esquema institucional actual mantiene a los militares como garantes de la democracia, una situación inusual a nivel mundial y que, según algunos estudios, evidencia la fragilidad y baja calidad democrática del país.
Iniciativas de cambio y discusión acerca del rol militar
A raíz de los sucesos recientes, se han incrementado las iniciativas de reforma constitucional para reducir o eliminar la función de las Fuerzas Armadas en los procesos electorales. El abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos ha propuesto la necesidad de trasladar las funciones electorales a autoridades civiles, sosteniendo que los procesos electorales deben ser gestionados exclusivamente por estas entidades. Asimismo, el diputado Ramón Barrios del Partido Libertad y Refundación (Libre) presentó una propuesta para modificar el artículo 272 de la Constitución, buscando limitar el papel militar en asuntos electorales y fortalecer la institucionalidad civil. No obstante, esta iniciativa ha provocado opiniones divididas, incluso dentro de su propio partido y entre sectores de la oposición, quienes ven la propuesta como un intento del oficialismo de concentrar el poder.
El debate sobre la participación militar en los procesos electorales ha sido alimentado por la percepción de que la autonomía del CNE podría estar en riesgo y por el historial de intervenciones militares en la vida política hondureña. Organizaciones como el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD) han sugerido que la reforma del artículo 272 debe ir acompañada de una redefinición más amplia de las funciones de las Fuerzas Armadas, delimitando sus competencias y fortaleciendo el control civil sobre la institución militar. Entre las propuestas se incluye también el fortalecimiento de la Secretaría de Defensa y la revisión de la Comisión Legislativa de Defensa Nacional, con el objetivo de avanzar hacia un control democrático efectivo y reducir la influencia militar en la política.
El debate acerca de la función de las Fuerzas Armadas en los comicios de Honduras sigue siendo un asunto crucial en la agenda política, con solicitudes de reformas que garanticen la autonomía y claridad del proceso electoral. La confianza en la integridad del sistema electoral se considera esencial para la estabilidad democrática del país, y la discusión actual muestra la necesidad de reforzar las instituciones civiles y asegurar votaciones libres y transparentes.
