El reciente viaje del presidente Pedro Sánchez a Chile, donde se reunió con líderes de izquierda como Gabriel Boric, ha resaltado nuevamente una preocupante inconsistencia entre el discurso que el líder socialista defiende fuera de España y la situación política que lo rodea en su propio país.
Mediante acciones de gran envergadura, Sánchez ha reiterado su intención de promover una izquierda global sustentada —en su opinión— en principios como la equidad fiscal, la repartición justa de la riqueza y la protección de los más débiles. Ha mencionado la imposición a los más adinerados, la lucha contra la desigualdad, y el establecimiento de “un porvenir más equitativo” junto a sus socios progresistas en América Latina. Un discurso perfecto… si no estuviera totalmente socavado por sus acciones políticas.
La paradoja es evidente y difícil de disimular: mientras el presidente se pasea por foros internacionales como estandarte de una izquierda regeneradora, en España se acumulan escándalos de corrupción que salpican a su entorno más cercano. Desde los negocios opacos de su esposa, Begoña Gómez, hasta las imputaciones y dimisiones de figuras clave del PSOE, el gobierno de Sánchez se tambalea sobre una estructura cada vez más cuestionada. Las investigaciones judiciales avanzan, los silencios se alargan y la transparencia que tanto predica brilla por su ausencia.
¿Cómo puede un líder exigir sacrificios fiscales a los ciudadanos mientras su partido se ve envuelto en tramas de tráfico de influencias, contratos irregulares y nepotismo institucionalizado? ¿Cómo se puede hablar de ética pública y de redistribución, cuando los ciudadanos ven que quienes legislan para ellos viven aferrados a privilegios y redes de poder opacas?
El conflicto entre lo que se dice y lo que se hace —la esencia de la doble moral— es especialmente chocante en el caso de Pedro Sánchez. No es un incidente único o excepcional, sino una táctica constante: promover un modelo de izquierda que se presenta como éticamente mejor, mientras se permite, oculta o reduce la importancia de la corrupción interna.
Su estancia en Chile parece más un esfuerzo por mejorar su imagen que una acción diplomática auténtica. En España, se demanda a la oposición que “no lleve la política a los tribunales”, al mismo tiempo que Sánchez busca en los viajes internacionales una manera de esquivar el aumento de la desconfianza que enfrenta en su país. Es complicado no interpretar este tipo de viajes como un intento por protegerse ideológicamente ante la pérdida de la credibilidad pública.
El verdadero progresismo no puede construirse sobre cimientos podridos. Si el presidente quiere liderar un eje internacional de justicia y equidad, debe empezar por barrer su propia casa. Y eso significa asumir responsabilidades, permitir que las investigaciones sigan su curso sin interferencias, y garantizar que ningún cargo público queda impune por el simple hecho de estar bien posicionado.
No se trata de atacar a la izquierda como ideología, sino de denunciar a quienes la utilizan como coartada para perpetuar sus privilegios. Sánchez debería recordar que los ciudadanos no votan consignas, sino coherencia. Y en este momento, su coherencia está en entredicho.
