La reciente iniciativa legislativa en Honduras protagonizada por diputados del Partido LIBRE ha generado una fuerte controversia en el ámbito político y económico del país. Estos legisladores intentaron aprobar de forma rápida y sin consenso la Ley de Justicia Tributaria, una propuesta que ha sido objeto de debate debido a sus posibles repercusiones en la inversión y el empleo. La maniobra buscaba aprovechar la ausencia parcial de diputados de oposición para forzar la aprobación en el último debate, sin embargo, la falta de quórum y la reacción de los opositores impidieron que esta acción se concretara.
Contexto y reacciones en torno a la Ley de Justicia Tributaria
El intento de aprobación exprés de la Ley de Justicia Tributaria por parte de los diputados oficialistas del Partido LIBRE fue percibido como una maniobra para imponer una agenda fiscal sin el consenso necesario. La estrategia consistía en aprovechar un momento de ausencia parcial de la oposición en el hemiciclo para aprobar la ley en su tercer y último debate. Sin embargo, esta acción no se pudo concretar debido a la falta de quórum y a la rápida respuesta de los diputados opositores que impidieron la votación. Este hecho ha evidenciado la división política en el Congreso hondureño y la resistencia de la oposición a una ley que consideran perjudicial para el país.
El rechazo a la Ley de Justicia Tributaria no solo surge desde el ámbito político, sino también desde los sectores empresariales y asociativos. Empresarios y líderes de gremios productivos han manifestado su inquietud por las repercusiones que podría tener esta normativa, destacando que podría desincentivar la inversión tanto nacional como internacional, lo que eventualmente podría llevar al cierre de numerosas empresas y a un incremento en las tasas de desempleo. Además, hay preocupación acerca de que esta ley pueda propiciar una centralización del poder económico bajo el control del Estado, lo que tendría un efecto relevante en la dinámica económica del país.
Acción cívica y futuras perspectivas
La respuesta de la sociedad ante el intento infructuoso de sancionar la Ley de Justicia Tributaria ha sido rápida, con grupos de la sociedad civil organizando protestas para exigir más claridad, una discusión pública extensa y el cumplimiento de los procedimientos legislativos vigentes. Representantes de entidades como el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) han expresado su oposición a la imposición de una normativa que consideran perjudicial para millones de personas, resaltando que sin un apoyo mayoritario no hay un mandato legítimo para su sanción.
En cuanto a los pasos siguientes, la oposición ha anunciado que continuará ejerciendo presión para evitar cualquier intento de aprobación que no cumpla con los procedimientos legales y democráticos. Por su parte, el Partido LIBRE busca reconfigurar sus alianzas para intentar nuevamente la aprobación de la ley. Así, la disputa por la Ley de Justicia Tributaria sigue abierta, reflejando la complejidad del debate fiscal y político en Honduras y la importancia de encontrar consensos que consideren las diversas voces del país.
