En Honduras, diversas legisladoras de varios partidos han hecho públicas varias acusaciones sobre abusos, agresiones verbales y violencia política de género en el Congreso Nacional. Estas acusaciones subrayan un entorno hostil donde las diputadas son intimidadas y menospreciadas por ser mujeres, sobre todo al expresar opiniones críticas o participar en discusiones legislativas. Estas circunstancias han provocado un debate sobre el respeto y la equidad en lugares de poder, revelando la continuidad de actitudes misóginas y comunicación agresiva en el parlamento.
Las acusaciones indican que estos comportamientos han aumentado durante debates controversiales, como los relacionados con la Ley de Equidad Fiscal y la reforma del Sistema Judicial. A pesar de la seriedad de estos eventos, las autoridades del Parlamento aparentemente no han impuesto sanciones disciplinarias a los implicados, lo cual contribuye a la normalización de la violencia política de género. Ante esta situación, las legisladoras han demandado acciones específicas para asegurar su seguridad y el respeto a su trabajo legislativo.
Ambiente institucional en el Congreso Nacional y violencia de género en la política
Las legisladoras han expresado que en el Congreso Nacional se replican comportamientos que van desde insultos verbales hasta intentos de agresión física, lo cual evidencia un patrón de violencia política de género. Esta situación impacta la participación total y activa de las mujeres en el proceso legislativo, creando un entorno de intimidación y exclusión.
La violencia política de género se manifiesta especialmente en momentos de debate intenso, cuando las legisladoras asumen posiciones críticas frente al oficialismo. Esta situación no solo vulnera los derechos de las mujeres parlamentarias, sino que también pone en riesgo la calidad democrática, al limitar la diversidad de voces y opiniones en la toma de decisiones. La ausencia de protocolos específicos para atender estos casos en el Congreso contribuye a la persistencia de esta problemática.
Apoyo social e institucional y exigencias de las legisladoras
Distintas áreas de la sociedad civil, junto con entidades internacionales como ONU Mujeres y la Red de Parlamentarias de América Latina, han mostrado su respaldo a las legisladoras afectadas y han instado al Estado hondureño a asegurar condiciones de igualdad y seguridad para todas las diputadas. Estas entidades han enfatizado la urgencia de aplicar sanciones disciplinarias inmediatas contra aquellos que lleven a cabo actos de violencia política, así como de desarrollar protocolos específicos para prevenir y abordar estas situaciones en el ámbito legislativo.
Las legisladoras han expresado que continuarán esforzándose para ser atendidas y valoradas, subrayando que su papel es representar al pueblo y no ser blanco de hostigamiento o abuso. Entre sus reclamaciones está el desarrollo de medidas concretas para salvaguardar su seguridad, el reconocimiento total de su labor legislativa y la eliminación de cualquier tipo de violencia política de género en el Congreso Nacional. Consideran estas medidas vitales para robustecer la democracia y asegurar la participación equitativa de las mujeres en la política de Honduras.
