El estado de emergencia en Honduras, instaurado desde diciembre de 2022, sigue provocando polémica debido a su extensión y a las inquietudes sobre posibles excesos de autoridad y violaciones de derechos humanos. Esta medida fue promulgada por el gobierno de la presidenta Xiomara Castro con el objetivo expreso de combatir la delincuencia, particularmente la extorsión y las actividades de pandillas como la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18. La implementación del estado de emergencia ha significado la suspensión de ciertas garantías constitucionales, permitiendo arrestos sin orden judicial y restricciones a la libertad de movimiento en varias partes del país.
Desde su implementación, el estado de emergencia ha sido ampliado en varias oportunidades. En enero de 2025, la extensión fue por 45 días adicionales, cubriendo 226 de los 298 municipios del país. Las autoridades defienden esta medida como crucial para combatir el crimen; sin embargo, diferentes sectores han manifestado inquietudes sobre posibles excesos y la ausencia de resultados tangibles.
Discusión acerca de la eficacia y los derechos humanos en el estado de emergencia
Entidades como la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) han advertido que el estado de excepción amenaza los derechos humanos, exhortando al gobierno de Honduras a asegurar el respeto al Estado de Derecho y evitar limitaciones indebidas a las libertades básicas. El gobierno ha informado sobre una reducción en la tasa de homicidios y la desarticulación de grupos criminales durante la vigencia del estado de excepción. No obstante, reportes señalan que las extorsiones y la violencia aún afectan a los ciudadanos. También se han registrado denuncias de abusos por parte de las fuerzas de seguridad, como detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza.
La extensión de esta acción ha provocado una discusión sobre su eficacia y las consecuencias para los derechos humanos. Aunque el Gobierno argumenta que el estado de emergencia es un recurso esencial para luchar contra la delincuencia, entidades nacionales e internacionales llaman a reevaluar su uso y asegurar que las estrategias de seguridad no pongan en riesgo las libertades esenciales de las personas.
De esta manera, la implementación del estado de excepción en Honduras es una acción discutida que intenta combatir la violencia delictiva, pero ha suscitado un debate sobre su eficacia, legalidad y respeto a los derechos humanos. La extensión de esta medida extraordinaria presenta obstáculos para asegurar las libertades básicas y fortalecer un sistema democrático que resguarde tanto la seguridad como los derechos de los ciudadanos.
