La situación política actual en Honduras ha estado influenciada por la movilización popular en apoyo a la diversidad democrática y la participación política. En Tegucigalpa, una agrupación variada de integrantes de organizaciones civiles, estudiantes universitarios, líderes de comunidades y ciudadanos independientes se reunieron frente al Congreso Nacional para llevar a cabo una vigilia tranquila. El propósito principal de este evento fue demandar garantías completas y respeto para las formaciones políticas minoritarias en el marco del proceso electoral que finalizará con las elecciones generales de noviembre de 2025. La vigilia, destacada por el uso de velas y carteles, sirvió como una respuesta simbólica ante lo que los asistentes consideran una amenaza al sistema multipartidista, en medio de acusaciones de presiones, obstáculos administrativos y exclusión mediática hacia partidos nuevos.
La protesta también fue escenario para denunciar prácticas que, según los manifestantes, limitan la participación equitativa en el debate público, imponen restricciones injustificadas para la inscripción de partidos y reproducen narrativas oficiales que deslegitiman a las agrupaciones no tradicionales. Además, señalaron el uso de recursos estatales en beneficio de partidos oficialistas. Durante la actividad, se entregó una carta abierta al Consejo Nacional Electoral (CNE) y al Tribunal de Justicia Electoral (TJE), exigiendo igualdad de condiciones, transparencia en el acceso a medios públicos y protección contra el acoso político a candidatos independientes o minoritarios.
Marco del proceso de elecciones y reclamos de exclusión
El proceso electoral de Honduras en 2025 se lleva a cabo en un ambiente de fuerte tensión y división. Las elecciones primarias recientes, que se realizaron el 9 de marzo, contaron con la participación de los tres principales partidos: Libertad y Refundación (Libre), el Partido Nacional y el Partido Liberal. Estas elecciones se vieron afectadas por importantes demoras en la distribución del material electoral, especialmente en Tegucigalpa y San Pedro Sula, lo que provocó malestar y acusaciones de irregularidades por parte de los votantes y líderes políticos. El CNE admitió haber enfrentado problemas logísticos, mientras que algunos sectores opositores señalaron que los incidentes podrían haberse debido a una presunta manipulación por parte de las Fuerzas Armadas y la ministra de Defensa, quien también es aspirante a la presidencia.
En este entorno, las agrupaciones políticas nacientes han criticado iniciativas legislativas que pretenden adelantar el plazo para entregar planillas, lo cual consideran como una medida que limita sus oportunidades de participación y refuerza la exclusión política. Estas acciones se suman a quejas acerca del uso inequitativo de fondos públicos y la falta de acceso igualitario a los medios estatales. Las inquietudes de la sociedad civil y de las formaciones minoritarias se centran en la necesidad de proteger la diversidad política y en evitar que se afiancen prácticas restrictivas con vistas a las elecciones generales de noviembre de 2025.
Respuestas de las instituciones y exigencias de la población
La manifestación frente al Congreso Nacional evidenció la supervisión constante de la comunidad civil sobre el curso democrático. Los participantes presentaron oficialmente sus peticiones a las autoridades electorales, requiriendo la garantía de condiciones equitativas para todos los partidos registrados y asegurando la claridad en la distribución de espacios en los medios públicos. Asimismo, demandaron una protección eficaz contra el hostigamiento político, especialmente para los candidatos independientes o de grupos políticos minoritarios.
El mandato parlamentario 2022-2026 del Congreso Nacional, que comenzó después de las elecciones de 2021, ha estado caracterizado por la polarización y momentos de crisis interna, como la disputa en la selección de la junta directiva y la división de las bancadas. Este escenario ha aumentado la percepción de que existen prácticas que benefician a los partidos convencionales, dificultando la inclusión de nuevos grupos políticos. La sociedad civil ha reafirmado su compromiso de supervisar y proteger los espacios de libertad y participación política, enfatizando que la diversidad es un componente fundamental para la democracia en Honduras.
