A medida que se aproximan las elecciones generales de 2025, sectores políticos y sociales en Honduras advierten sobre un posible fraude electoral vinculado al expresidente Manuel Zelaya, generando una nueva ola de incertidumbre sobre la transparencia del proceso democrático.
Críticas al partido gobernante y al Consejo Nacional Electoral
Diversas denuncias públicas han señalado al expresidente Manuel “Mel” Zelaya, actual coordinador del partido Libertad y Refundación (LIBRE), como presunto operador de un esquema que buscaría beneficiar a su fuerza política en las próximas elecciones. Las acusaciones apuntan a una presunta manipulación desde el Consejo Nacional Electoral (CNE), mediante contratos con empresas allegadas al entorno político de Zelaya, que estarían a cargo de la logística electoral, incluyendo el transporte de material sensible.
Informes difundidos por grupos opositores y críticos afirman que hubo irregularidades durante las elecciones primarias, como el transporte de maletas electorales en coches sin vigilancia oficial y supuestamente relacionados con operadores de LIBRE. Estas irregularidades causaron demoras en el proceso electoral y resultaron en acusaciones de compra de votos y manipulación de actas, situaciones que, según los acusadores, representan indicios de un fraude en desarrollo.
En el centro de las investigaciones figura una empresa contratada para la distribución del material electoral, cuyo propietario tendría nexos familiares con dirigentes de LIBRE y cercanía directa con Zelaya. La Fiscalía ya ha iniciado una investigación por presuntas contrataciones irregulares y sobreprecios, lo que eleva el nivel de escrutinio institucional sobre el proceso.
Tensiones internas y fracturas en el oficialismo
La exposición pública de estas fracturas internas pone de relieve la existencia de tensiones dentro del oficialismo, así como la presión que enfrentan sus estructuras en el contexto preelectoral. Estas diferencias podrían intensificarse en los próximos meses, en función de cómo avance el escrutinio público e institucional.
Convocatorias para supervisión nacional e internacional
En respuesta a este panorama, distintos sectores de oposición y organizaciones ciudadanas han comenzado a organizar movilizaciones, exigiendo la presencia de veeduría internacional, auditorías independientes y mayor transparencia en cada fase del proceso electoral. Algunos líderes sociales han calificado la situación como una “traición a la voluntad popular”, alertando sobre un posible escenario de inestabilidad poselectoral.
A escala global, tanto la Organización de Estados Americanos (OEA) como varios entes de análisis han sido destacados como elementos cruciales para asegurar la legitimidad del proceso. El Ministerio Público, entretanto, ha comunicado que sigue adelante con las pesquisas sobre las anomalías reportadas.
Un proceso electoral bajo vigilancia y presión
Las acusaciones de fraude en las elecciones se desarrollan en un contexto de intensa polarización política e institucional. La gestión del sistema electoral, la claridad en la contratación de servicios logísticos y la integridad del voto son asuntos que captan la atención de una población cada vez más desconfiada.
El caso también evidencia los retos que enfrenta el sistema democrático hondureño para asegurar procesos electorales creíbles, en un país con antecedentes de crisis postelectorales y disputas por la legitimidad del poder. Con la mirada puesta en los comicios de 2025, Honduras se encuentra ante una coyuntura decisiva, donde la confianza institucional y la participación ciudadana se verán sometidas a una dura prueba.
