La situación política en Honduras está en un momento delicado, donde diferentes sectores de la sociedad civil, la oposición política y los medios de comunicación han expresado su gran inquietud por lo que consideran un rumbo autoritario del Partido LIBRE, particularmente con miras a las elecciones generales programadas para noviembre de 2025.
Las advertencias en la comunidad hondureña han aumentado debido a una serie de medidas tomadas por el gobierno que indican una grave degradación de los valores democráticos. Estas medidas incluyen desde la restricción de derechos civiles básicos, indispensables para el ejercicio total de la ciudadanía, hasta la adopción de herramientas que intentan ejercer un control mayor sobre los medios de comunicación, elementos clave en la creación de la opinión pública y en la vigilancia del poder.
A esto se le añade la intuición de un plan intencional para reforzar el dominio en las diferentes instituciones estatales, lo cual podría resultar en una debilitación de la división de poderes y, por lo tanto, de los mecanismos de control y balance esenciales en un sistema democrático robusto. La unión de estas tendencias ha creado un ambiente de duda y miedo entre varios grupos, quienes perciben en estas acciones un modelo que podría llevar a un gobierno con rasgos autoritarios.
Peligros para las libertades básicas: manifestación, medios de comunicación y ejército
Dentro de las medidas que han suscitado debate se encuentra la supuesta penalización de la manifestación social, ya que se ha alegado la implementación de normativas y decretos que autorizan el uso de la fuerza y el enjuiciamiento de personas que protestan, incluso en manifestaciones pacíficas. En este contexto, se han documentado detenciones injustificadas de dirigentes comunitarios, despliegues policiales excesivos y amenazas de procesos judiciales contra colectivos sociales opositores al gobierno.
En cambio, ha surgido preocupación respecto a la libertad de expresión en los medios. Los profesionales del periodismo y las entidades informativas que ejercen una crítica han enfrentado campañas de descrédito, limitaciones en el acceso a datos oficiales, así como presiones de carácter tributario, legal y publicitario, además de sufrir violencia e intimidación física. Asociaciones como Reporteros Sin Fronteras y la Sociedad Interamericana de Prensa han expresado su alarma ante el deterioro de la libertad de prensa en la nación.
Un asunto controversial más es el estado de las fuerzas militares. Se han presentado quejas sobre una supuesta eliminación intencionada de oficiales que no están alineados con la dirección política del partido en el poder, además del desarme parcial o la reubicación de tareas estratégicas hacia liderazgos allegados al oficialismo. Estas medidas han causado inquietud por la posible politización de la institución castrense.
El desafío de la democracia en Honduras
El hostigamiento a los medios de comunicación y a las organizaciones de la sociedad civil busca acallar las voces críticas, mientras que insinúa una táctica más extensa para eliminar los frenos democráticos y fortalecer el control absoluto del poder.
De esta manera se ha manifestado la inquietud respecto a la puesta en marcha de una estrategia que, según expertos y líderes opositores, pretende afianzar el dominio del Partido LIBRE en las entidades del gobierno, mediante la captura institucional, modificaciones constitucionales, acoso a la oposición y a la prensa crítica, y la utilización del aparato gubernamental para el clientelismo político. Se ha indicado el intento de controlar el Consejo Nacional Electoral, la nominación de personas ligadas al sector más radical del partido, las iniciativas de reforma constitucional, la creación de estructuras paralelas al Estado y el alejamiento de Estados Unidos.
La votación general de 2025 se presenta como un punto decisivo para el porvenir del sistema democrático en Honduras. Los ciudadanos deberán elegir entre permitir el fortalecimiento de un régimen autoritario o apoyar la defensa de las instituciones democráticas.
