En Honduras, la cercanía de las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025 ha aumentado las inquietudes sobre la transparencia del proceso electoral. Se han identificado dos puntos principales de tensión: las dudas sobre un posible uso del Ministerio Público en contra de las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la creciente falta de confianza en el rol de las Fuerzas Armadas como protectoras del proceso democrático.
Se informa sobre la posibilidad de que la Fiscalía esté elaborando cargos formales contra integrantes del CNE, causando preocupación en grupos políticos y entidades que promueven la democracia. Se sugiere que este procedimiento legal podría tener fines políticos, enfocándose en consejeras que han sido críticas o autónomas respecto al gobierno. La potencial acción judicial contra consejeras del CNE ocurre en una etapa sensible, cuando la institución electoral tiene la responsabilidad de asegurar la organización justa del proceso electoral, la legitimidad de los resultados y la confianza de las organizaciones políticas y el público.
Peligro de supervisión y falta de confianza en las instituciones
Este tipo de medidas podría minar la autonomía de las instituciones y socavar la confianza ciudadana en el sistema electoral. Los opositores y entidades de la sociedad civil han manifestado su inquietud, pidiendo indagaciones fundamentadas en evidencia clara y no en venganzas políticas. Se han solicitado declaraciones a la comunidad internacional para que se manifieste frente a cualquier esfuerzo por alterar el orden institucional del CNE y vigilar las acciones del Ministerio Público.
Simultáneamente, ha crecido la desconfianza pública y política en cuanto a la función de las Fuerzas Armadas como protectoras del sistema democrático. Jefes de partidos opositores, grupos de la sociedad civil y expertos independientes han expresado su inquietud por los cambios y retiros cuestionables en los altos mandos militares, la cercanía ideológica y operativa entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas, la participación activa de militares en asuntos civiles y procesos electorales, y la carencia de claridad en la organización del despliegue militar durante las elecciones.
Miedo a la presencia militar y llamados a estar alerta
En las elecciones primarias de marzo, se informaron eventos relacionados con demoras en la distribución de materiales electorales y una presencia militar poco común en algunos centros de votación. Esto ha incrementado el miedo a la posible militarización del sistema electoral. Existe preocupación de que las Fuerzas Armadas, influenciadas por personas cercanas al oficialismo, podrían ser utilizadas como mecanismo para facilitar un fraude en las elecciones o para reprimir manifestaciones ciudadanas.
El aumento de la desconfianza ha provocado llamados urgentes a entidades internacionales para que envíen misiones de monitoreo y requieran garantías de imparcialidad militar y claridad en las operaciones. Colectivos ciudadanos han empezado a formar redes de supervisión social para registrar posibles abusos o anomalías. La confianza en el proceso electoral del 30 de noviembre dependerá del comportamiento de las instituciones y la supervisión por parte de la ciudadanía.
