La reciente sanción de cambios al Código Penal de Honduras ha despertado preocupaciones en diversos círculos sociales y políticos del país. Estas alteraciones han sido vistas como un ajuste significativo en el marco legal que regula la protesta social, especialmente en un escenario donde se acercan las elecciones generales previstas para el 30 de noviembre de 2025. El diálogo se ha intensificado frente a la idea de que estas reformas podrían ser empleadas para restringir el derecho a protestar y la libertad de expresión, derechos esenciales en cualquier democracia.
La Asamblea Nacional implementó modificaciones que endurecen las sanciones para delitos relacionados con la protesta ciudadana, sobresaliendo la inclusión del artículo 378-A. Esta normativa estipula que cualquier acto de protesta realizado por dos o más individuos podría resultar en un incremento de la pena de cárcel, que se establece entre seis y diez años, además de la inhabilitación total. Entidades de derechos humanos y voceros de la sociedad civil han expresado su inquietud por el posible empleo de estas reformas para penalizar manifestaciones pacíficas y limitar las libertades de reunión y expresión.
Reformas penales y su impacto en la protesta social
Las reformas al Código Penal han sido objeto de críticas por parte de organismos nacionales e internacionales. El endurecimiento de las sanciones para quienes participen en protestas colectivas ha sido interpretado como un posible mecanismo para disuadir la movilización ciudadana. Organizaciones de derechos humanos sostienen que estas medidas podrían emplearse para limitar la participación social y el ejercicio de derechos fundamentales. La preocupación se acentúa ante la posibilidad de que estas disposiciones sean aplicadas en contextos de tensión política o electoral, donde la protesta ciudadana suele incrementarse.
Las elecciones de 2017, que estuvieron marcadas por arrestos injustificados y represión de participantes, aumentan el miedo de que eventos parecidos puedan ocurrir otra vez con el nuevo marco legal. En este escenario, tanto la sociedad civil como actores políticos han señalado el peligro de que se utilice la criminalización de la protesta como un medio para controlar la disidencia y limitar la participación ciudadana en procesos políticos importantes.
Respuestas globales y pedidos de evaluación
La inquietud por el efecto de estas modificaciones ha cruzado las fronteras del país. Instituciones internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) han manifestado preocupación por las nuevas normativas del Código Penal de Honduras. Ambas organizaciones han solicitado al Gobierno revisar las enmiendas para garantizar que no se afecten los derechos esenciales de la ciudadanía.
En esta situación, es crucial asegurar el respeto a los derechos humanos y evitar que la ley penal se emplee como herramienta para sofocar la disidencia y las protestas pacíficas. La discusión sobre el alcance y la implementación de estas reformas sigue en curso, mientras varios sectores enfatizan la necesidad de examinar el marco legal para garantizar la protección efectiva de las libertades básicas en Honduras.
