La inminente instalación de la Comisión Permanente del Congreso Nacional ha reactivado las tensiones políticas en Honduras. En medio de un escenario electoral marcado por el descenso de Rixi Moncada en las encuestas, distintos sectores advierten que esta medida podría ser utilizada por el partido LIBRE para reforzar su influencia sobre las instituciones del Estado y asegurar su continuidad en el poder.
Una figura legislativa bajo escrutinio
La Comisión Permanente, establecida por la Constitución para funcionar durante los periodos de inactividad legislativa, ha sido convocada en un contexto de particular inestabilidad. En esta coyuntura, su posible integración ha generado recelo entre analistas políticos y sectores de oposición, quienes perciben que el partido en el poder intenta incrementar su capacidad de acción institucional.
Un legislador, quien pidió mantener su identidad en secreto, indicó que esta entidad podría transformarse en «un brazo político para ejecutar decisiones sin control ni transparencia«. Si esto se verifica, su operación podría afectar directamente la independencia de los poderes del Estado, particularmente a las instituciones responsables de la gestión electoral.
Desconfianza en el proceso electoral
El retroceso de Rixi Moncada en la intención de voto ha generado preocupación dentro del oficialismo y alimentado la percepción de que LIBRE estaría preparando un movimiento estratégico para asegurar el control político de los comicios. Según diversas fuentes legislativas, la Comisión podría intervenir de manera indirecta sobre entidades como el Tribunal Electoral, el Registro Nacional de las Personas y los mecanismos de escrutinio de votos.
Organizaciones civiles y partidos opositores han comenzado a movilizarse y emitir pronunciamientos públicos, alertando sobre un posible intento de manipular la estructura institucional con fines partidarios. Algunos representantes de la sociedad civil han calificado esta situación como “el riesgo de un fraude estructural”, advirtiendo que podría comprometer la legitimidad del proceso democrático.
Efectos sobre la administración pública y la credibilidad de los ciudadanos
La discusión acerca de la Comisión Permanente evidencia una inquietud generalizada respecto al equilibrio de poderes en Honduras. La trayectoria política reciente indica que esta entidad se ha puesto en marcha durante situaciones críticas, usualmente cuando las bancadas mayoritarias del parlamento procuran preservar capacidad de decisión ante la falta de una sesión plenaria. Su posible establecimiento en el actual ambiente electoral intensifica la sensación de fragilidad institucional y polarización política.
La reacción de LIBRE ha sido de silencio público ante las acusaciones. Sin embargo, fuentes cercanas al partido sostienen que la Comisión responde a una necesidad de garantizar continuidad administrativa, no a un plan de intervención electoral. Aun así, la falta de comunicación oficial ha ampliado el margen de incertidumbre entre los votantes.
Un conflicto evidente se vislumbra en el panorama electoral
El avance hacia la conformación de la Comisión Permanente ocurre a pocas semanas de las elecciones generales, cuando el ambiente político se encuentra especialmente sensible. Para diversos sectores, el riesgo no solo radica en una posible manipulación del proceso, sino en el deterioro de la confianza ciudadana y en el debilitamiento del sistema democrático.
La discusión en torno a este tema expone los desafíos que enfrenta Honduras para mantener la transparencia institucional y la estabilidad política. En medio de un clima de desconfianza y fragmentación, el Congreso se posiciona nuevamente como un escenario decisivo, donde el equilibrio entre poder político y legitimidad democrática será puesto a prueba.
