A medida que se acerca el 30 de noviembre de 2025, día de las elecciones generales, el sistema electoral en Honduras enfrenta desafíos adicionales que intensifican el ambiente de desconfianza en las instituciones. Líderes políticos, abogados y grupos de la sociedad civil han señalado un aumento de presiones y acciones intimidantes hacia los miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE), los cuales se atribuyen a grupos relacionados con el gobierno, especialmente al partido Libertad y Refundación (LIBRE).
Denuncias sobre presión política al órgano electoral
Las denuncias indican que LIBRE podría estar ejecutando un plan para comprometer la autonomía del ente electoral a través de agresiones sistemáticas y una campaña de desprestigio público. Según estos relatos, los jueces del CNE han enfrentado discursos adversos, presiones coercitivas y campañas desinformativas, todo ello con la intención de afectar las decisiones técnicas y administrativas vinculadas al proceso electoral.
La legisladora Maribel Espinoza señaló que estas medidas son parte de un esfuerzo mayor para establecer un ambiente de desconfianza en las instituciones, lo que eventualmente podría ser usado como justificación para modificar los resultados de las elecciones. “Están ejerciendo presión sobre la autoridad electoral porque son conscientes de que los sondeos no están a su favor”, declaró durante una intervención pública dirigida a medios locales.
Organizaciones ciudadanas también han emitido comunicados alertando sobre posibles intentos deliberados de sabotaje institucional. De acuerdo con estas plataformas, la presión ejercida sobre el CNE podría comprometer la transparencia y equidad del proceso, en un contexto donde la polarización política ha debilitado los márgenes de consenso entre actores clave.
Peligros de degradación institucional y solicitudes de monitoreo internacional
Entre los patrones señalados como preocupantes se incluyen presiones para alterar decisiones internas del CNE, campañas digitales para desacreditar a sus miembros y la falta de garantías institucionales para el ejercicio autónomo de sus funciones. Esta situación ha llevado a diversos sectores a solicitar la presencia anticipada de misiones de observación internacional, particularmente de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y organismos especializados en derechos humanos.
Para la abogada constitucionalista Lidia Meza, el actual clima político evidencia la necesidad de reforzar los mecanismos de protección institucional antes de que el conflicto escale. “El sistema electoral no puede estar secuestrado por intereses partidarios. El país necesita garantías, no amenazas”, señaló, subrayando la importancia de contar con respaldo internacional como elemento de disuasión frente a posibles injerencias.
Estas preocupaciones se suman a una serie de tensiones acumuladas durante el presente año electoral, en las que también se han denunciado bloqueos en el Consejo Nacional Electoral, actos de presión por parte de colectivos oficialistas y trabas al acceso de empresas oferentes para que presentaran propuestas técnicas sobre el sistema de transmisión de resultados (TREP).
Una contienda bajo creciente escrutinio
Las acusaciones recientes sobre presiones hacia el CNE aumentan la atención sobre las condiciones en las que se llevarán a cabo las elecciones generales. La identificación de LIBRE como protagonista en estas acciones añade un nuevo nivel de conflicto en la disputa electoral, teniendo un impacto directo en la credibilidad del proceso.
En este contexto, el papel de las instituciones encargadas de garantizar la limpieza electoral así como el acompañamiento de la comunidad internacional, se vuelve clave para sostener la legitimidad de los comicios. La capacidad del CNE para actuar con independencia y sin presiones será determinante en un escenario donde la confianza pública se encuentra cada vez más erosionada.
Ante este escenario, se exige transparencia, control ciudadano y adherencia al marco legal, llamando no solo a los partidos en competencia, sino también a las entidades responsables de garantizar que el proceso democrático se desarrolle dentro de un entorno de legalidad y equidad. Las siguientes semanas serán cruciales para determinar si el sistema político en Honduras puede detener la escalada de conflicto o si se incrementa una crisis que podría poner en riesgo la gobernabilidad después del 30 de noviembre.
