En los meses previos a las elecciones generales de noviembre de 2025, diversos actores políticos, sociales y legales en Honduras han denunciado una serie de presiones y actos de intimidación dirigidos contra el Consejo Nacional Electoral (CNE). Estas acusaciones apuntan principalmente al partido oficialista, Libertad y Refundación (LIBRE), señalado por intentar influir en las decisiones del CNE y poner en riesgo la transparencia del proceso electoral.
Acusaciones contra el partido LIBRE
Los señalamientos contra el partido en el poder incluyen acciones que buscan deslegitimar la autoridad del CNE, organismo encargado de garantizar la equidad y transparencia de los comicios. Según las denuncias, miembros de LIBRE estarían orquestando campañas para presionar a los magistrados del CNE, especialmente aquellos que no responden a sus intereses políticos, afectando la autonomía de la institución.
Maribel Espinoza, quien es diputada y analista en temas políticos, comentó que la intención de estas presiones sería crear un ambiente de desconfianza para justificar señalamientos de fraude o desorganización durante las elecciones. “Presionan al organismo electoral porque son conscientes de que las encuestas no están a su favor”, declaró Espinoza, refiriéndose claramente a las acciones de algunos grupos que buscan afectar los resultados electorales antes de comenzar las campañas.
Estrategias para el boicot institucional
La queja abarca no solo las presiones hacia los jueces, sino también la difusión de discursos agresivos por figuras cercanas al partido LIBRE. Se ha detectado una campaña en aumento de desinformación en las redes sociales, dirigida a socavar la credibilidad del CNE y generar dudas sobre la neutralidad del organismo electoral.
Organizaciones de la sociedad civil, preocupadas por la integridad del proceso electoral, han señalado estos actos como posibles intentos de sabotaje institucional. Aseguran que tales maniobras no solo son un ataque a la legitimidad del CNE, sino que constituyen un peligro para el orden democrático del país, exacerbando la polarización política de cara a los comicios de noviembre de 2025.
Llamados a la vigilancia internacional
Dado el empeoramiento de las circunstancias, diversos segmentos de la comunidad han pedido la participación de inspectores internacionales para asegurar la claridad en el proceso de votación. En este contexto, instituciones como la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y varias entidades de derechos humanos han sido llamadas a supervisar el transcurso de los comicios, asegurando que se realice sin injerencias ni manipulaciones políticas.
Lidia Meza, especialista en derecho constitucional, destacó la relevancia de preservar la autonomía del organismo electoral, afirmando que “el organismo electoral no debe ser controlado por intereses políticos. La nación requiere seguridad, no intimidaciones”.
Contexto y desafíos para la democracia
Las acusaciones de acoso y los intentos de desestabilización institucional se añaden a un contexto de creciente polarización política en Honduras, donde la falta de confianza en las instituciones y en los procesos electorales se ha intensificado por varios factores, como la crisis económica y la falta de unidad política. Este escenario, caracterizado por tensiones y señales de conflicto entre partes, presenta desafíos significativos para la gobernabilidad del país a menos de un año de las elecciones.
La comunidad global sigue observando de cerca el procedimiento, mientras que los ciudadanos de Honduras siguen demandando más claridad y la protección de las instituciones democráticas. La situación actual resalta los desafíos para asegurar un ambiente electoral sin presiones ni manipulación, y enfatiza la importancia de reforzar las instituciones responsables de proteger el proceso democrático.
