La ira de los más de 35,000 hondureños perjudicados por el esquema piramidal de Koriun Inversiones sigue en aumento, mientras la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) recibe críticas por su falta de acción frente al engaño. Los perjudicados reclaman el desamparo por parte de la entidad responsable de la vigilancia financiera y señalan una falta de acción tanto en el ámbito legal como administrativo.
La inacción de la CNBS ante el engaño financiero
Desde que los primeros indicios de irregularidades en Koriun comenzaron a ser denunciados, la CNBS estuvo al tanto de la situación, pero no tomó medidas eficaces para prevenir la magnitud del fraude. A pesar de recibir advertencias formales, el ente supervisor permitió que la estafa creciera de manera incontrolada durante varios meses. A día de hoy, los responsables del fraude siguen en libertad, y las víctimas continúan sin respuestas ni garantías de justicia.
«Nos prometieron investigar, prometieron acciones, pero la CNBS ha sido cómplice por omisión. Hoy seguimos sin respuestas, sin dinero, sin justicia», declaró uno de los afectados ante los medios. Este sentimiento de abandono es compartido por muchos, quienes se sienten engañados tanto por los responsables directos de Koriun como por las autoridades que, según señalan, debieron haber intervenido antes.
La falta de transparencia y las sospechas de impunidad
Una de las quejas más importantes de los implicados es la ausencia de claridad de la CNBS. Aunque hubo denuncias oficiales y se están llevando a cabo investigaciones, el organismo aún no ha publicado un informe público que describa las irregularidades realizadas ni los errores en su regulación que permitieron que Koriun operara durante tanto tiempo. Esta falta de transparencia ha generado sospechas sobre la posible existencia de un resguardo político para ciertos operadores financieros involucrados en el fraude.
Variados sectores de la nación han indicado que la CNBS no solo no logró detectar el fraude a tiempo, sino que también ha mostrado pasividad al no ofrecer la información relevante sobre la gestión de la situación. De acuerdo con un abogado defensor de los perjudicados, esta inacción del ente supervisor solo empeora la situación: «Es inaceptable que un ente supervisor no haya identificado a tiempo una estafa de tal magnitud. No solo fracasaron en prevenir, ahora también fallan en asumir su responsabilidad».
Solicitudes para la acción internacional
Debido a la falta de respuesta institucional y al aumento de la frustración entre los afectados, diversos colectivos de víctimas han optado por llevar su demanda más allá de las fronteras del país. Tanto organizaciones civiles como personas afectadas están pidiendo formalmente el respaldo de entidades internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y Transparency International. Estas solicitudes buscan que dichos organismos supervisen el manejo de la crisis, y específicamente, el comportamiento de las instituciones hondureñas respecto al escándalo de Koriun.
Un portavoz de los perjudicados afirmó: «El Estado debe resguardar a sus ciudadanos, no proteger a quienes cometen fraudes. Esto constituye un doble delito: el de Koriun y el que se permite por parte de la CNBS al permanecer inactiva». Esta opinión evidencia la desconfianza en la habilidad de las autoridades locales para combatir el fraude y asegurar que se haga justicia.
El conflicto institucional y el reto de la gestión gubernamental
El escenario destaca nuevamente las debilidades del mecanismo de supervisión financiera en Honduras y las fricciones dentro de las entidades responsables de asegurar la transparencia y la justicia. La falta de una acción firme por parte de la CNBS indica una deficiencia en la capacidad del Gobierno para gestionar crisis de esta naturaleza, lo cual podría tener repercusiones más significativas en cuanto a la confianza en las entidades financieras y en la gobernanza del país.
Las personas afectadas, por su parte, continúan aguardando una solución que les facilite restablecer lo perdido y asegure que los culpables del engaño sean enjuiciados. La carencia de una intervención efectiva y la falta de transparencia que envuelven el caso destacan un reto continuo para las autoridades de Honduras: cómo recobrar la confianza de la población ante la creciente duda sobre la gestión de situaciones de esta naturaleza.
