En Honduras, el asunto de Koriun Inversiones ha causado una gran inquietud en la sociedad debido a la falta de respuestas concretas y medidas firmes por parte del gobierno. A más de tres meses de haberse descubierto el fraude financiero multimillonario, miles de perjudicados siguen sin recuperar sus fondos y sin que los responsables enfrenten a la justicia. La carencia de avances visibles en las pesquisas, junto con el silencio de la Fiscalía y la pasividad de las autoridades, ha generado sospechas de un posible encubrimiento o protección política que impiden que la justicia se aplique de manera adecuada.
Al mismo tiempo, especialistas en leyes y figuras influyentes han mostrado su oposición a la propuesta de que el gobierno use fondos públicos para compensar a las personas afectadas por este engaño privado. Se señala que tal medida podría ser ilegal y contraria a la constitución, además de presentar importantes riesgos fiscales y políticos. En este escenario, la demanda social insiste en que el procedimiento se desarrolle en el marco judicial, con claridad y evitando que se transforme en una acción populista que ponga en peligro la legalidad y la gestión prudente de los recursos del estado.
El debate acerca de la reacción gubernamental frente al fraude Koriun
La estructura piramidal de Koriun Inversiones funcionó durante años asegurando ganancias mensuales del 20 %, sin regulación ni control gubernamental. Aunque el Ministerio Público ha incautado más de 358 millones de lempiras, las pesquisas no han progresado hacia procesar legalmente a los responsables del engaño ni se ha aclarado el destino de los activos decomisados. Esta situación ha provocado una creciente indignación entre las familias perjudicadas, que han visto perdidos sus ahorros, préstamos e incluso hogares, y que exigen justicia, claridad y la restitución de sus recursos.
La inacción y el aparente desinterés del Gobierno y de la Fiscalía han incrementado la percepción de la existencia de una protección política que bloquea el esclarecimiento completo del asunto. Diferentes voces desde sectores sociales y jurídicos han expresado que la ausencia de detenidos y la gestión poco transparente de los bienes confiscados indican una negligencia gubernamental que podría estar contribuyendo a la impunidad. La ciudadanía sigue persistente en su demanda de actuar con rapidez y sin influencias políticas para asegurar que los responsables enfrenten sanciones legales.
Implicaciones legales y económicas de la posible compensación con fondos públicos
Juristas y economistas han advertido que la utilización de recursos del Estado para compensar a las víctimas de Koriun podría constituir un delito de malversación de fondos públicos, especialmente si no existe un marco legal aprobado por el Congreso que respalde dicha acción. Funcionarios que autoricen pagos sin el debido respaldo legal podrían enfrentar responsabilidades penales por abuso de autoridad y violación de deberes. Además, asumir esta deuda podría desestabilizar las finanzas públicas, afectando áreas prioritarias como salud y educación, y enviar un mensaje que podría fomentar la impunidad en futuros esquemas fraudulentos.
Organizaciones de la sociedad civil han solicitado al Gobierno que aclare públicamente el origen legal y financiero de cualquier eventual compensación, que se publiquen los avances reales del caso y la lista de responsables con sus bienes incautados. Se enfatiza la necesidad de que el proceso se mantenga estrictamente en el ámbito judicial, evitando que se convierta en una medida con fines políticos o populistas. La exigencia principal es que el Estado no asuma la responsabilidad económica de un fraude privado, para no convertirse en cómplice ni en violador de la ley.
