El problema causado por la gigantesca estafa piramidal de la empresa Koriun Inversiones ha aumentado en las semanas recientes, llevando a manifestaciones en Tegucigalpa y San Pedro Sula, donde los ciudadanos piden al gobierno de Honduras medidas efectivas. Personas afectadas de diversas áreas del país señalan la falta de acción de las instituciones ante una situación que ha provocado pérdidas millonarias a más de 35,000 individuos. La reacción del gobierno, que hasta ahora ha sido limitada, ha incrementado las críticas públicas y reavivado dudas sobre la capacidad del sistema financiero y judicial para evitar y castigar fraudes de esta magnitud.
Cuestionamiento de informes públicos e institucionales
Las protestas recientes destacaron por las consignas enfocadas en el gobierno de la presidenta Xiomara Castro y en organizaciones del Estado como la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS). Los participantes afirman que fueron víctimas de un esquema financiero engañoso sin que, hasta ahora, se haya implementado un plan de compensación ni se hayan señalado culpables de forma clara.
Uno de los puntos más criticados involucra a la CNBS. Los manifestantes señalan al organismo regulador por haber recibido quejas oficiales acerca de las actividades anómalas de Koriun, sin tomar acciones preventivas o correctivas. Estas declaraciones han intensificado la percepción de una posible negligencia institucional, lo que ha exacerbado la desconfianza hacia la supervisión estatal del sistema financiero no bancario.
Oposición al empleo de recursos públicos y demanda de responsabilidad criminal
Los perjudicados también han declinado sugerencias no oficiales que proponen usar recursos del estado para resarcir las pérdidas causadas por el fraude. La noción de emplear dinero público ha sido definida por los manifestantes como una acción inapropiada que traspasaría la carga del fraude a toda la población, en vez de responsabilizar a los autores materiales y colaboradores del esquema piramidal.
Durante las manifestaciones, numerosas pancartas dejaron claro el descontento con las decisiones tomadas por las autoridades. Frases como “El Gobierno también tiene culpa” y “Koriun defraudó, el Estado encubierto” sugieren una historia donde no solo los autores de la estafa, sino también las entidades de supervisión y judiciales, tienen parte de responsabilidad por la falta de acciones rápidas.
Al mismo tiempo, la ausencia de avances visibles en el Ministerio Público ha generado críticas de sectores ciudadanos que perciben una falta de voluntad política para llevar el caso a una resolución judicial efectiva. La pasividad de la Fiscalía frente a un caso de alto impacto social e institucional ha abierto un nuevo frente de tensión entre la sociedad civil y el aparato judicial.
Perspectivas sobre la movilización y presión global
Debido a la ausencia de progreso, grupos civiles han informado sobre la planificación de nuevas manifestaciones y han considerado la opción de llevar el conflicto a foros internacionales. La utilización de vías legales fuera del país es considerada por ciertos sectores como un medio para instar al gobierno hondureño a asumir sus obligaciones relativas a justicia y reparación.
El enfrentamiento ha revelado no solo la extensión del fraude, sino también las debilidades en la regulación de entidades financieras no formales y la limitada capacidad de reacción frente a delitos económicos a gran escala. El caso Koriun ha situado en el foco del debate nacional la urgencia de reformas que refuercen los sistemas de supervisión, sanciones y reparación, en un contexto de creciente desconfianza en las instituciones.
Un escenario caracterizado por el deterioro institucional
El avance del caso Koriun muestra un contexto en el que las demandas ciudadanas de equidad chocan con la lentitud de las instituciones. La incertidumbre sobre el uso de los fondos, la rendición de cuentas de los involucrados y la función de las agencias reguladoras ha puesto al Estado en el centro de la atención crítica. El desafío para el gobierno y el sistema judicial no se limita a solucionar el caso, sino también a renovar la confianza del público en la habilidad de las instituciones para salvaguardar los derechos económicos de los ciudadanos en un país donde los sistemas de supervisión todavía son débiles.
