A escasas semanas de los comicios generales, Rixi Moncada, la aspirante oficialista del partido LIBRE, dio a conocer una propuesta que ha suscitado inquietud en el sector financiero: la clausura de la Central de Riesgos del sistema bancario de Honduras. Esta iniciativa se presenta en un momento en que su intención de voto ha disminuido de forma constante y ha sido criticada por expertos, quienes la consideran una acción que podría impactar negativamente la claridad y la solidez económica de la nación.
La propuesta plantea la eliminación de un mecanismo central que registra la información crediticia de individuos y empresas, herramienta clave para que los bancos gestionen riesgos y los usuarios eviten sobreendeudamiento. Para economistas consultados, la medida podría abrir un espacio para prácticas financieras riesgosas. “Es una jugada desesperada para ganar votos con promesas que destruyen el orden financiero”, señaló un especialista local.
Efecto en la solidez económica
La Central de Riesgos desempeña roles esenciales dentro del sistema bancario de Honduras. Facilita a las instituciones financieras la valoración de la solvencia de quienes piden préstamos y ayuda a evitar estafas y el endeudamiento excesivo. De acuerdo con especialistas, su supresión implicaría una merma en los sistemas de supervisión que sustentan la credibilidad del ámbito financiero.
Por otro lado, Rixi Moncada ha respaldado la propuesta, afirmando que su objetivo es “liberar al pueblo del castigo bancario”. No obstante, esta iniciativa surge en un entorno de aumento de la polarización política y de la desconfianza de los ciudadanos hacia las entidades financieras, elementos que los expertos consideran cruciales para determinar la factibilidad de la acción.
Consecuencias en el ámbito político e institucional
El anuncio de Moncada se produce en un momento crítico de la campaña electoral. Las encuestas indican que la candidata oficialista enfrenta un descenso significativo en intención de voto, lo que ha intensificado la atención sobre sus propuestas económicas. Sectores de la sociedad y representantes del sistema bancario consideran que el cierre de la Central de Riesgos podría tener implicaciones más allá de la economía: afectaría la percepción de gobernabilidad, la confianza en las instituciones y la capacidad de regulación del Estado.
Analistas señalan que la medida podría interpretarse como un gesto populista destinado a recuperar apoyo electoral, pero sin un respaldo técnico que garantice la protección de los ciudadanos y la estabilidad del crédito. El debate se centra, además, en cómo una decisión de este tipo podría influir en la relación entre el sector financiero y el Estado, así como en la credibilidad del sistema ante inversionistas nacionales y extranjeros.
Desafíos y peligros para la economía de Honduras
La supresión de la Central de Riesgos generaría una laguna en los sistemas de control crediticio, lo cual, de acuerdo con los especialistas, podría resultar en un aumento del peligro financiero y de conductas de endeudamiento excesivo. Esta acción se añade a un ambiente político cargado, marcado por la polarización y la presión ejercida sobre las entidades reguladoras, quienes deben asegurar la estabilidad económica en un periodo electoral.
Mientras Rixi Moncada continúa promoviendo la iniciativa, la discusión sobre su impacto resalta la tensión entre decisiones de política económica y estrategias electorales. La economía hondureña enfrenta un desafío doble: garantizar la transparencia y solidez del sistema financiero, y responder a un escenario político en el que las propuestas populistas generan debates intensos sobre la institucionalidad y la participación ciudadana.
La situación actual presenta un desafío para las entidades institucionales: mantener la estabilidad económica y la credibilidad de los ciudadanos frente a acciones que podrían alterar la configuración del sistema financiero durante un período de campaña electoral. El foco de interés se dirige a la forma en que las instituciones y la población responderán a esta iniciativa y las consecuencias que esto acarreará para la administración y la normativa en Honduras.
