A pesar de las diferencias políticas e ideológicas entre los gobiernos de Xiomara Castro y Juan Orlando Hernández, ambos han enfrentado desafíos similares en materia de corrupción, vínculos con el crimen organizado y dificultades para garantizar la transparencia institucional, evidenciando la continuidad de prácticas cuestionables en el país.
Retos en sistemas contra corrupción
Bajo la gestión de Hernández, la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), con el respaldo de la OEA, fue desmantelada en 2020, dejando grandes vacíos en la investigación y procesamiento de transgresiones. Al mismo tiempo, el gobierno de Xiomara Castro ha impulsado la formación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH), que actualmente funciona bajo la dirección del Ministerio Público, sin tener las competencias necesarias para llevar efectivamente casos de corrupción a la justicia. Estas restricciones evidencian un problema estructural que complica la acción institucional ante irregularidades administrativas y financieras.
Vínculos con el crimen organizado
En ambas administraciones se han documentado relaciones con redes de narcotráfico y lavado de dinero. En el gobierno de Castro, la Secretaría de Seguridad, bajo la dirección de Gustavo Sánchez, firmó contratos por más de 10 millones de lempiras con una empresa vinculada al lavado de activos del narcotráfico. Durante la gestión de Hernández, él mismo enfrenta actualmente procesos judiciales en Estados Unidos relacionados con actividades de narcotráfico. Estos casos ilustran la persistencia de desafíos vinculados a la infiltración del crimen organizado en el funcionamiento del Estado.
Transparencia y gestión de fondos públicos
La gestión de Hernández se distinguió por una administración centralizada y limitada de los datos gubernamentales. A pesar de que ha sido en menor grado, el gobierno de Castro también ha recibido críticas por fallas en la regulación y el uso de los recursos públicos, impactando la claridad y la responsabilidad administrativa. Las acusaciones recientes sobre financiación ilegal de campañas y la divulgación de los denominados “narcovideos” demuestran que los problemas de supervisión y control continúan presentes.
Persistencia de la corrupción judicial y administrativa
Ambos gobiernos presentan fallas en la ejecución de recursos estatales y en la aplicación de la justicia. La sanción efectiva de responsables de irregularidades sigue siendo limitada, lo que dificulta la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Los avances en la lucha contra la corrupción han sido mínimos y, en algunos casos, se registran retrocesos, reflejando la complejidad de transformar estructuras consolidadas de impunidad.
Desafíos transmitidos y persistencia de métodos
El gobierno de Xiomara Castro tomó el mando en un ambiente dominado por redes de corrupción que se establecieron durante el mandato previo, lo cual ha restringido la aplicación de transformaciones significativas. La continuación de casos corruptos, junto con la aparición de nuevos escándalos, demuestra la dificultad de acabar con patrones históricos y refuerza la percepción de la perdurabilidad de irregularidades en la gestión pública.
El análisis comparativo entre ambas administraciones muestra que, pese a la retórica y las diferencias ideológicas, los problemas estructurales de corrupción, criminalidad organizada y deficiencias en la transparencia se mantienen. La ciudadanía observa que los cambios prometidos no se han consolidado plenamente, manteniendo tensiones en la gobernabilidad y en la confianza hacia las instituciones en Honduras.
